La Verdad

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Una tensión que se transparenta
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Joaquín García Cruz | 22-06-2017 | 10:36

El Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia (CTRM) trae al recuerdo la historia del rey desnudo, de Andersen, que es un cuento de hadas. El organismo que preside José Molina se cobija en una ley de 2014, la de Transparencia y Participación Ciudadana, rezuma en sus fundamentos el mejor espíritu posible, como «órgano independiente de control en materia de transparencia», posee funcionarios y presupuesto, y de vez en cuando reúne a sus 18 integrantes, que llevan allí las voces del Gobierno regional, los cuatro partidos representados en la Asamblea (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), las dos universidades públicas (UMU y UPCT), el Consejo Jurídico de la Región, la Federación de Municipios, los consumidores, la patronal Croem y los sindicatos UGT y CC OO. Pero, contra lo que estos ropajes pudieran hacer creer, el Consejo de la Transparencia está en realidad tan desnudo como el rey del cuento, y la parálisis que lo atenaza empieza a resultar llamativa.

La última sesión que el Consejo mantuvo, el martes pasado, constituye un buen ejemplo de su inoperancia. Después de dos horas, no se pasó del primer punto en un orden del día que recogía media docena de acuerdos y propuestas de resolución, y la reunión quedó marcada por la tensión reinante, la decepción de algunos de los participantes y los reproches que se cruzaron-y no solo ellos- José Molina y Enrique Ujaldón, el secretario general de la Consejería de Transparencia, Participación y Portavoz, que se estrenaba como consejero en representación del Gobierno regional y que sacó a pasear su mejor vis política. Miguel Sánchez, el portavoz de Ciudadanos, llegó a lamentar en su intervención -antes de anticipar su próxima renuncia- que el Consejo «está más politizado que la propia Asamblea Regional», y explicó que su dimisión responde a motivos personales (quiere más tiempo para el hijo que espera). Aunque Ciudadanos no abandona el Consejo, pues dejará paso a otro representante de la formación naranja, Miguel Sánchez anunció que propondrá a los grupos parlamentarios que los políticos salgan del Consejo de la Transparencia.

Eran ya las tres de la tarde y el representante de CC OO, José Luis Sánchez Fagúndez, se empeñaba aún, sin éxito, en defender una ponencia así de farragosamente titulada: ‘Criterios de la comisión interdepartamental para la transparencia en la Región de Murcia sobre publicidad activa de las medidas contenidas en la ley de Transparencia regional en materia de recursos humanos que afectan a datos de carácter personal’. ¿Se puede ser más opaco en el enunciado? No. En román paladino: señores, ¿publicamos en internet todos los sueldos de la Comunidad Autónoma, funcionarios y médicos incluidos, o seguimos mareando la perdiz? Dos horas estuvo el Consejo dándole vueltas a la matraca, sin avanzar un solo palmo. Se oyeron palabras gruesas. Molina reiteró su conocida creencia de que el Gobierno realiza una labor obstruccionista en el Consejo, y Ujaldón se encargó de situar la línea roja de la transparencia en las limitaciones impuestas por otras leyes que protegen la privacidad.

Ante el cariz que tomaba la sesión, Molina y Ujaldón se reunieron ayer en el despacho del primero para negociar por separado un acuerdo de mínimos que ambos pudieran trasladar la próxima semana a una nueva sesión del Consejo. No está claro que lo hayan conseguido, aunque se aprecia un acercamiento. La propuesta de Molina consiste en que la Comunidad airee, con nombres y apellidos, los sueldos de todos los cargos de libre designación, incluida la pléyade de asesores del Gobierno, y que del resto de los funcionarios se publique también cuánto cobra cada cual, pero con un indicativo que proteja sus identidades personales. A Ujaldón no le parece mal, aunque exige que una comisión mixta, compuesta por técnicos del propio Consejo de la Transparencia y de la Administración regional, garantice -antes de seguir hablando- que esta fórmula no vulnera derechos individuales. El Gobierno no quiere que le tire de las orejas la Agencia de Protección de Datos, y el presidente del Consejo, si bien se muestra prudente en sus manifestaciones, no oculta su escepticismo sobre la verdadera voluntad del Gobierno en materia de transparencia. El uno piensa que se avanza muy deprisa, y el otro, que se va muy despacio.

Aunque informes legalistas hay ya de sobra (en un sentido y en el contrario), el nuevo dictamen que salga de la comisión mixta de técnicos podría ayudar a que las deliberaciones del Consejo avancen y permitir, en última instancia, que se publique la nómina completa de la Comunidad Autónoma, asesores y médicos incluidos. Está por ver. De momento, el Consejo de la Transparencia sigue, al menos en este asunto, atrapado en la casilla de la que salió.

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