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‘Rock and roll’ en las vías

No es solo que el PP quiera darle más peso político a la Delegación del Gobierno con la designación de Francisco Bernabé. Es que se habían roto algunos puentes entre San Esteban y Antonio Sánchez-Solís

Aquel racimo de dátiles sobre la mesa de la Delegación del Gobierno me pasó inadvertido hasta que el anfitrión del almuerzo, Juan Manuel Eguiagaray, me lo señaló con sonrisa chacotera cuando ya nos despedíamos. Eran dátiles argelinos. Felipe González había enviado a Eguiagaray a Murcia como delegado del Gobierno, en 1988, para acercarlo a Argel, donde él y Rafael Vera se reunían discretamente con ETA. Eguiagaray ocupó luego dos carteras ministeriales, y ahora, con la perspectiva que da el tiempo, queda claro que el socialista vasco fue, de largo, el político más sólido que ha pasado por la Delegación del Gobierno, en cuya variopinta galería de retratos figuran inquilinos tan singulares como Eduardo Ferrera Kétterer, causante de roces protocolarios porque nunca se hizo a la idea de que el presidente de la Comunidad Autónoma mandaba más que él; una mujer de armas tomar –la científica Concha Sáenz–, y el dentista personal de Felipe González, Eugenio Faraco. Si nos remontamos a la transición, encontramos incluso al presentador más popular de la TVde los setenta, Federico Gallo, ejerciendo también de gobernador civil en Murcia. De entre los delegados del PSOE, a Rafael González Tovar (2008-2011) le tocó bailar con la más fea, obligado a trasladar a la ciudadanía los éxitos de un Ejecutivo, el de Zapatero, que había derogado el trasvase del Ebro y estaba ya de capa caída, por lo que hubo de emplearse a fondo.

Al arribar el PP a La Moncloa (1996), bajó mucho el nivel de los delegados del Gobierno, que empezaron a ocuparse más de proteger desde el despacho de Teniente Flomesta los logros de Ramón Luis Valcárcel que de ‘vender’ las decisiones del Consejo de Ministros. Los decretos de La Moncloa que favorecían a la Región se atribuían sin disimulo por aquellos obedientes delegados del Gobierno al presidente autonómico, aunque este no tuviera competencias en el asunto a ponderar. Valcárcel era un activo electoral y la orden del partido consistía en mimarlo al máximo para reforzar su progresión ascendente en las urnas. Perfil bajo. Esa era la consigna, que todos acataban disciplinadamente. También hubo delegados que procedían directamente de los gobiernos de Valcárcel, dos de los cuales, Francisco Marqués y Joaquín Bascuñana, pasaron a la reserva con borrones judiciales en sus expedientes por actuaciones que databan de sus etapas de consejeros. La comunicación era fluida, sin obstáculos insalvables en el camino y siempre al servicio del Gobierno regional.

El porqué y el cómo de la destitución
Antonio Sánche z-Solís llegó a la Delegación en el verano de 2015, después de una dilatada carrera funcionarial que alternó con varias direcciones generales y otros cargos de segunda fila en la Comunidad Autónoma. Hombre leal a su partido, en el que echó a volar aupado sobre las alas de Ramón Luis Valcárcel, imprimió a su gestión un carácter menos político aún del que cabía esperar. Tanto que parecía perdido en combate. Sus apariciones públicas fueron contadas, jamás levantó la voz, ni siquiera cuando grupos de radicales atacaron hasta cinco veces las obras del soterramiento del AVE. Más que un delegado del Gobierno, parecía el jefe del gabinete de un delegado del Gobierno. En San Esteban se cree que no estuvo a la altura. No siempre se le localizó a tiempo cuando el presidente lo buscaba. No siempre aportó la información que se le solicitaba con la celeridad requerida. No siempre mandó a las Fuerzas de Seguridad a las vías. Tras instalarse Fernando López Miras en palacio, hace seis meses, la relación de confianza se quebró pronto, hasta el punto que su relevo fue una de las primeras decisiones que adoptó Miras, si bien no la planteó en Madrid hasta esta misma semana, con el fin de que la destitución no se relacionara directamente con el vandalismo en las vías y los escraches casi diarios a altos cargos del PP, incluido el que el propio presidente sufrió en su casa de la huerta. Desde círculos influyentes de Murcia se criticó entonces la pasividad de la Policía, dado que esta actúa bajo las órdenes del delegado del Gobierno. De los puentes rotos entre la avenida Teniente Flomesta y el palacio de San Esteban da cuenta el modo en que se comunicó a Sánchez-Solís su destitución –por teléfono y desde Madrid–, el miércoles pasado por la tarde, apenas unas horas antes de que ‘La Verdad’ adelantara la noticia. Fue Sánchez-Solís quien llamó después a López Miras –y no al revés– para cruzarse una parrafada. También llamó a Valcárcel, su mentor.

El ya exdelegado solicitará la semana próxima su reingreso como letrado de la Comunidad Autónoma, y quizá algún día reaparezca en otro puesto de libre designación. Mantener la lealtad incólume hasta el final suele hallar recompensa en política. Antonio Sánchez-Solís se va agradecido a su partido, pese a todo, a juzgar por lo que aseguran quienes le han ayudado en las últimas horas a digerir el mal trago de un cese que él no esperaba.

Y en eso llegó Bernabé. Su nombramiento garantiza en la Delegación del Gobierno el ‘rock and roll’ que prometió al tomar posesión de la Consejería de Fomento, donde apenas pudo marcarse un aburrido valls. Francisco Bernabé es el delegado del Gobierno que el PP buscaba para lo que resta de legislatura. No parará de ensalzar al presidente López Miras para ayudarle en sus objetivos electorales, no le temblará el pulso para mandar a la Policía cuando lo vea conveniente, pecará de impetuoso en ocasiones (no lo podrá evitar, esto lo lleva en su carga genética), y se dejará la vida en garantizar el desarrollo de las obras del soterramiento y en hacer posible que, entre tanto, nada –y nadie– sabotee la entrada provisional del AVE en superficie. Estará dispuesto a quemarse por la causa. Y tendrá la oportunidad de viajar a Madrid en AVE para tomarse las uvas de 2018 (esta vez, sí), a poco que todo salga como su partido y él mismo prevén que saldrá. Si hace falta, Bernabé sacará el ‘rock and roll’ de la Delegación y lo llevará a las vías, donde ahora se escucha solo la música más calma de Pink Floyd. El mensaje que su compañero en el Congreso Teodoro García lanzó ayer desde su cuenta de Twitter parece premonitorio: «Los que quieren parar el AVE y el futuro de la región de Murcia van a tener enfrente a @bernabepaco. No se lo aconsejo».

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Andrés Ayala ‘Torquemada’

Le ves el bigote de guardia civil de la posguerra, y su ademán severo, y piensas que ahora no habrá pájaro que se le escape al PP, que no podría haber elegido Rajoy a un vigilante mejor de las esencias legalistas. Pero no.

Te fijas en Andrés Ayala, en su intimidador mostacho de guardia civil de la posguerra, su gesto adusto, la voz grave y su ademán severo, y te dices que no podría haber elegido el Comité Ejecutivo Nacional del PP mejor presidente para la Oficina del Cargo Popular; que ahora no habrá pájaro que se le escape al partido con Ayala al frente de esta brigada anticorrupción montada por Rajoy para advertir desde dentro cualquier pillería. Pocos cargos públicos tendrá el PP en España que conozcan como Ayala la frontera que separa los intereses privados del interés público, porque el abogado y exdiputado al Congreso se ha manejado durante años en ese proceloso mundo como pez en el agua, pero sin que nadie le pudiera probar nunca que se hubiera pasado de la raya y su conducta mereciera un reproche penal. Me recuerda la incorporación de Andrés Ayala a la Oficina del Cargo Popular el fichaje por Telefónica de un famoso ‘hacker’ para que se responsabilice de la ciberseguridad de la empresa. ¿Quién mejor que el más reputado pirata informático de España defendería a su compañía de posibles ataques?

Algo así debió de figurarse Rajoy de Ayala, aposentado siempre en el ojo del huracán por su inclinación a mezclar lo privado y lo público. Es amigo de los exalcaldes de Cartagena José Antonio Alonso, investigado en la ‘operación Púnica’, y Pilar Barreiro, a la que quizá se vea obligado a expedientar -en su nueva condición de garante disciplinario- por la imputación de la senadora en el Tribunal Supremo a cuenta también de sus relaciones con Púnica. Pero las agarraderas de Ayala están en Madrid, más que en Murcia. Allí vivió en el palacio de la Carrera de San Jerónimo sus tardes de gloria parlamentaria este veterano abogado urbanista, ministrable en las quinielas de varios gobiernos del PP y azote de los exministros socialistas Magdalena Álvarez y José Blanco. A ‘Male’ la sacó de quicio, literalmente, por asuntos como las huelgas de Iberia, los socavones del AVE a Barcelona y el accidente de Spanair. La llamó «chula» y «arrogante», y a ella se le escapó en un mitin que Ayala era «el cabrón que me machaca en el Congreso».

Desterrado en su juventud a Galicia tras organizar «la primera huelga que hubo en la Universidad de Murcia» (así me lo contó), Ayala regresa con la jefatura de la Oficina del Cargo Popular al patio político, que abandonó por sorpresa en mayo de 2016 al apearse de la lista al Congreso, en la que se le reservó un puesto que le aseguraba el escaño pero que a él le parecía muy alejado de la cabeza. Dijo entonces que le urgía retomar su actividad profesional y se despidió del partido como un caballero, a través de una carta de agradecimiento en la que hacía votos por el triunfo de Rajoy. Ahora retoma sus tareas orgánicas, pero en un destino para el que no era, posiblemente, el candidato más idóneo.

Investigador investigado

Ayala fue investigado en su día por la Comisión del Estatuto del Diputado, que finalmente declaró compatible su acta con la concesión por el Gobierno popular de La Rioja de una licencia de casino a una sociedad cuyo 40% del accionariado pertenecía a una empresa presidida por Ayala. Le gustó caminar habitualmente por el filo de la navaja, y en lugar tan arriesgado se le vio también cuando le tocó dar explicaciones de por qué presidía una mercantil dedicada a la explotación de salas de bingo durante su portavocía de la Comisión de Interior, el ministerio donde residen las competencias en materia de juego.

Está reciente aún (verano pasado) el último caso en el que Ayala salió a la palestra por pisar la línea divisoria entre lo público y lo privado, de la mano del intento fallido de construir un hotel en el faro de Cabo de Palos. Su compañero de bancada Teodoro García impulsó en el Congreso una proposición no de ley, fracasada al trascender que, antes de que existiera un marco legal que permitiera hacer negocios en el faro, una promotora tenía ya presentado ante la Autoridad Portuaria el proyecto de hotel… cuyo armazón jurídico llevaba la firma del bufete de Ayala, hasta meses antes diputado y portavoz de la Comisión de Fomento. Siempre al borde.

La polémica persiguió a Andrés Ayala desde sus inicios en la carrera política. Era secretario general de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, en el primer Ejecutivo de Valcárcel cuando su departamento convirtió en urbanizable el suelo de Lo Poyo, un humedal protegido junto al Mar Menor para cuyos propietarios, la familia Armengol, trabajaba o venía de trabajar Ayala. La reclasificación fue tumbada dos veces por el Tribunal Superior de Justicia. Y hace solo unas semanas que la oposición le buscó de nuevo las cosquillas en la Cámara Baja, al interpelar Javier Sánchez (Podemos) al Ministerio de Fomento por haber adjudicado la explotación de salas de juego en los aeropuertos de Alicante y Málaga a una empresa de la que era accionista Ayala, a la sazón portavoz -todavía entonces lo era- de su partido en la Comisión de Fomento.

Todo esto, y más, figura en la hemeroteca. Y, aunque esta contuviera más insidia que verdad, habría que convenir que Ayala ha frecuentado terrenos pantanosos, dejándose acompañar por la sospecha y desatando habladurías que en nada contribuían a confiar en su rectitud legalista, la que ahora se le encomienda vigilar en el PP. Pero está de vuelta, porque Andrés Ayala es -y fue siempre- de los más listos de la clase. Sabe mucho.

Elecciones de perfil alto en el Metal

Alfonso Hernández y López Abad se disputarán la presidencia

El cartagenero Alfonso Hernández, desde julio presidente de la Federación de Empresarios del Metal (FREMM), la más poderosa de la Región, ha decidido presentarse a las elecciones para renovar su mandato, que inició por la dimisión de Juan Antonio Muñoz. De 44 años y licenciado en Filosofía (‘rara avis’ en el empresariado), Alfonso Hernández tiene ilusión a raudales y un proyecto a medio construir. Deberá vérselas con Miguel López Abad (Grúas París), que perdió por muy poco los comicios anteriores frente a Juan Antonio Muñoz.

Los comicios serán en primavera, así que hay tiempo por delante para negociar. Pero, hoy por hoy, los dos quieren ganar y ninguno tiene vocación de segundón. Asistiremos a unas elecciones muy reñidas con candidatos de perfil alto.

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‘Operación Mercader’

El tiempo lo cura todo, pero hay heridas que tardan en cicatrizar y otras que nunca sanan. También en política sucede. El desgarro que provocó en el PP la deserción de Alberto Garre es todavía una llaga purulenta de pronóstico difícil. Aún resuena en el alma de los populares el portazo que les dio su viejo camarada de los años duros en la oposición, el diputado que se jugó la soldada desacatando a su grupo parlamentario para proteger el Tajo-Segura y con aquel gesto de arrojo en el Congreso se ganó a los regantes. La carta a Mariano Rajoy en la que Alberto Garre se borraba del PP fue televisada en ‘prime time’ por todos los medios nacionales, que tenían el foco puesto sobre Murcia en aquellos días de marzo ante la certeza de que a Pedro Antonio Sánchez estaban a punto de darle las campanadas. Fue una misiva sin la menor concesión a la sutileza, hecha de hiel, en la que Garre acusaba a Rajoy de haber «sepultado bajo las alfombras las inmundicias de la corrupción política», y al PP regional le afeaba haber perdido 147.000 votos, 11 diputados y la mayoría absoluta en la Asamblea.       Es pronto para olvidar aquel escarnio. Pero algo ha acontecido. La confirmación por Garre de que creará y liderará un partido político de corte regionalista preocupa y mucho al PP ante el escenario electoral novedoso de 2019, que propicia el acceso al Parlamento de formaciones minoritarias, y visto que los regantes (el colectivo social más querido de los populares) están tan cabreados con los gobiernos de Madrid y Murcia, por su incapacidad para sortear la sequía, como agradecidos a Garre por su hoja de servicios y sus contundentes mensajes trasvasistas. De ahí que se haya oído salir de la boca de dirigentes del PP, aunque vaporosa, una frase con aires de consigna: «Hay que hablar con Alberto». La misión de tantear al expresidente autonómico y tender puentes con él, ya sea para alcanzar un pacto de no agresión o incluso para neutralizarlo políticamente, no dimana del Comité Ejecutivo o de la Junta Directiva, ni consta como una resolución del partido, donde tampoco se ha debatido, y nadie del PP la reconoce en público. Tampoco se admite -oficialmente- desde la plataforma en la que Garre trabaja. La herida por el portazo de marzo sigue abierta en canal, y tanto el PP como el futuro partido de Garre están obligados a proclamar ante sus seguidores que saldrán a ganar en las urnas, en ningún caso a pactar.

«Esto ya no hay quien lo pare»

Pero la misión está en marcha, y podría denominársela ‘Operación Mercader’ por su imaginaria similitud con la que la Unión Soviética encargó en 1940 al comunista español Ramón Mercader para deshacerse de León Trotski (al que mató), cuya heterodoxia marxista se percibía en Moscú como una amenaza para los intereses del Politburó. Esto de aquí es más prosaico, más de andar por casa, y se localiza en Torre Pacheco, muy lejos de Moscú. No pasará a la Historia. La ‘Operación Mercader’ hace referencia a Benito Mercader, exconsejero de Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Valcárcel, íntimo e hijo político de Garre, pachequero y cazador como él. Quizá la sospecha de que la ‘operación Mercader’ ya está rulando tenga su origen en un aparte que ambos hicieron ante numerosos invitados a la boda de un amigo común, el 1 de julio pasado. El uno y el otro aseguran que no se han visto después. Sin embargo, los contactos (de los que, según la versión apócrifa circulante, habría participado también un influyente empresario), tienen toda la verosimilitud del mundo. Si Alberto Garre se presenta a los comicios, arañará diputados a un PP al que la fragmentación de la Asamblea podría dejar, incluso suponiendo que renovara su alianza ‘de facto’ con Ciudadanos, capitidisminuido  y a merced de una mayoría alternativa deseosa de sacarlo del Gobierno a cualquier precio. «Hay que hablar con Alberto» no parece, por tanto, una consigna caprichosa. Ahí está el caso de Miguel Ángel Revilla, el de las anchoas, que se ha coaligado indistintamente con populares y socialistas, tanto monta, para auparse al poder de su comunidad autónoma con su minoritario Partido Regionalista de Cantabria (PRC).       La encuesta de Consultores CSA que publica hoy ‘La Verdad’ arroja al respecto dos conclusiones a tener en cuenta. La primera es la que sitúa a Garre como el segundo político mejor valorado de Murcia, a solo una décima de Fernando López Miras, y con un nivel de conocimiento del 56,1%, únicamente tres décimas por debajo del presidente… y 24 puntos por encima de Miguel Sánchez, la cara visible de Ciudadanos. La segunda consideración guarda relación con la aceptación social de un nuevo partido de vocación regionalista. Cierto es que la mitad de la población consultada no ve que haga falta una formación de estas características, pero no debe ningunearse el reverso de la moneda: uno de cada tres encuestados juzga necesario un partido como el que Alberto Garre está amasando con sus colaboradores. De la proyección de tales datos sobre el censo electoral resulta un dividendo muy jugoso para un futuro partido regionalista, aun ponderando todas las precauciones propias de una encuesta de estas dimensiones. Si la ‘Operación Mercader’ no existe, algún día existirá, con este u otro apelativo, y se le dará carta de naturaleza. Al tiempo.

De momento, la plataforma que impulsan Garre y el exconsejero popular José Gabriel Ruiz mantiene unos objetivos maximalistas y aparentemente más voluntariosos que realistas. De seis diputados para arriba, dice Garre, para un total de 45. Sería una buena cosecha, atendiendo al hecho de que Ciudadanos mantiene al Gobierno del PP cogido del cuello con solo cuatro diputados. Le pregunto al expresidente si a ratos flaquea en la penumbra, si a sus 65 años presenta síntomas de agotamiento, si cabría aventurar, en fin, que a última hora se apartará a un lado para no enfrentarse a sus excompañeros del PP en una campaña que podría devenir cruenta. «No», responde. Y asegura que pasan de 2.000 las personas que se han acercado a su proyecto, que 500 trabajan en las comisiones que cimentarán los futuros estatutos, que decanos y exdecanos figuran entre las incorporaciones más recientes… «Esto ya no hay quien lo pare», concluye.

Ya veremos. Puentes hay tendidos desde el PP, por si acaso, empezando por la ‘Operación Mercader’. ¿Y qué pasa con las heridas abiertas? Llegado el momento, bastará quizá con no echarles sal.

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A la mesa con cuchillo y tenedor

Ya quisieran para sí los partidos políticos un censo de afiliados tan nutrido como el que tiene la Cámara de Comercio de Murcia. Nada menos que 100.007 potenciales votantes figuran en el listado que se acaba de publicar como pistoletazo de salida para las primeras elecciones que celebrará el órgano cameral en los últimos ocho años, una etapa languideciente que ha estado marcada en España por la supresión que Zapatero impuso de las cuotas obligatorias, y en la Región por la longeva presidencia de Pedro García Balibrea, quien a sus 80 años se retira, ya cansado. Esta legión de pequeños empresarios y comerciantes llamados a las urnas en los 39 municipios que agrupa la Cámara de Murcia bien podría convertirse en una versión moderna de los 100.000 hijos de San Luis, por su capacidad -sobre el papel- para sostener o poner a temblar a gobiernos y ayuntamientos con la misma determinación que aquel contingente llegado de Francia en 1823 protegió a Fernando VII frente a los liberales. Aunque a mucha distancia de Croem (Confederación de Organizaciones Empresariales de Murcia), la poderosa organización patronal que dirige José María Albarracín, las cámaras de comercio constituyen un ‘lobby’ de notable influencia en el ámbito económico. De ahí que la sola apertura del nuevo proceso electoral haya excitado al mundo empresarial, por más que las votaciones no se producirán antes de la primavera de 2018, y pese a que nadie saca aún la cabeza del nido, a la espera de saber si José María Albarracín querrá encaramarse también al poder de la Cámara de Comercio. En el supuesto de que se presentara, no habría un solo candidato razonable con ganas de plantarle cara, dado que 12 de los 46 vocales que integran el Pleno de la Cámara están reservados por ley a la patronal, y ante la constatación de que el industrial del pimentón ha reforzado su liderazgo social, ha multiplicado los ingresos de una entidad que se hallaba al borde de la mendicidad financiera -como ahora están las cámaras- y se ha erigido en un referente nítido e incontestable del empresariado. Pero -y esta es la noticia-, Albarracín ya ha deshojado la margarita, después de meses amagando. No se presentará a las elecciones de la Cámara de Comercio, porque ha tomado otra decisión importante, aún no comunicada pero firme a fecha de hoy: optará a la reelección como dirigente máximo de la Croem, y no caerá en la tentación de buscar el doblete. Cuando se declaraba en sus discursos partidario de mandatos cortos en las instituciones, no hacía sino mostrarse coherente con su forma de pensar, aunque ahora vira en otra dirección debido a su convencimiento de que aún le faltan cosas por hacer al frente de la confederación. Quedan por tanto atrás sus mensajes deliberadamente confusos en los que apuntaba que quizá concurriría a los comicios de la Cámara. Eran una cortina de humo, que, convocado ya el proceso electoral, no tiene sentido mantener en pie. Con su ‘ya veremos, no descarto, puede que sí’, Albarracín no perseguía otro objetivo que disuadir a algunos de los empresarios que anhelan ser -o volver a ser- influyentes, pero que al timonel de la patronal no le parecen los mandatarios adecuados para la época presente.

Una vez descubiertas las cartas de Albarracín, el camino se despeja, así que pronto asomarán por el horizonte los primeros nombres de empresarios interesados en el asalto a la Cámara. Vaya por delante el de Salvador Huertas (automoción), quien echará cuentas para calibrar sus opciones antes de lanzarse a una carrera en la que podría conjeturarse -a riesgo de equivocación- que, llegado el caso, le acompañarían industriales ligados a la Cámara de otros tiempos, como los expresidentes Ángel Tomás y Ángel Martínez, y quién sabe si José García Gómez, el jefe de los conserveros. Cualquiera de ellos lo tendría difícil, debido a la cooptación de puestos en la Cámara por parte de los vocales reservados a la Croem, que suman más del 25% del Pleno. Pero, ojo, una cosa es que Albarracín no vaya en el cartel electoral, y otra bien distinta que no lance desde su ‘guardia de corps’ un satélite para orbitar en torno a la Cámara y hacer buena la metáfora que acostumbra a utilizar Pedro García Balibrea: «La Croem y la Cámara son entidades distintas, pero se necesitan mutuamente, como el cuchillo y el tenedor se necesitan para comer». La de 2018 será una primavera intensa dentro del mundo empresarial, con urnas instaladas casi al mismo tiempo en las tres cámaras de comercio de la Región, en la Croem, que convocará su asamblea electoral antes de junio, y en el Metal (Fremm), la federación de más peso en la patronal, a cuya presidencia, muy probablemente, aspirará por segunda vez Miguel López Abad (Desguaces París).

La Plataforma Pro Soterramiento se pone en la vía equivocada

Parece mentira que a estas alturas sea necesario instar a la observancia de la legalidad. La Plataforma Pro Soterramiento, a cuya perseverancia habrá que agradecer algún día una mejor ordenación ferroviaria en Murcia, se equivoca cada vez que lleva a cabo escraches frente a las viviendas de políticos, y cuando jalea en la calle a los vándalos encapuchados que causaron destrozos por más de 600.000 euros en la Estación del Carmen. Aquella noche incendiaria del 3 de octubre, la Plataforma estaba al otro lado de la vía, manifestándose pacíficamente, y allí debería mantenerse. Al otro lado de la violencia. En ocasiones como esta, viene a cuento un discurso histórico que John F. Kennedy pronunció en 1962 para justificar el uso del Ejército en Mississippi ante las graves algaradas contra una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba inconstitucional la segregación racial:

«Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la ley, pero no de desobedecerla. Pues en un gobierno de leyes y no de hombres, ningún hombre, por muy prominente o poderoso que sea, y ninguna turba por más rebelde o turbulenta que sea, tiene derecho a desafiar a un tribunal de justicia. Si este país llegara al punto en que cualquier hombre o grupo de hombres, por la fuerza o la amenaza de la fuerza, pudiera desafiar largamente los mandamientos de nuestra corte y nuestra Constitución, entonces ninguna ley estaría libre de duda, ningún juez estaría seguro de su mandato, y ningún ciudadano estaría a salvo de sus vecinos».

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Fumata negra en el PSOE

Fumata negra en el PSOE. Diego Conesa y María González no se entienden. El alcalde de Alhama y la diputada buscan pero están hoy lejos de un acuerdo para conformar una mayoría sólida que fortalezca a la organización y la conduzca engrasada hasta las elecciones de 2019. Aún quedan seis días para el congreso del que saldrá la nueva Comisión Ejecutiva Regional, y sería esta la primera vez que se llega al cónclave sin unos cuantos cabos sueltos, por lo que ni sus actores principales pueden hoy anticipar el desenlace del congreso que acogerá Cartagena los días 21 y 22. Pero, por ahora, pintan bastos. Después de medirse en las urnas, Diego y María se han reunido -sin éxito- en dos ocasiones (anteayer, la última), con la intención de forjar una entente que evite la traslación al congreso de los porcentajes de apoyo que ambos obtuvieron en las primarias, 51,89 para el ganador y 47,3 para la perdedora. Atascarse en este desencuentro supondría otra fractura en el socialismo murciano difícil de coser. Las encuestas de andar por casa que la dirección federal maneja periódicamente dibujan a esta fecha en la Región una mayoría absoluta de PP y Ciudadanos, alimentada en parte por la evaporación del ‘efecto Pedro Sánchez’, que hasta la crisis de Cataluña situaba al PSOE más arriba en intención de voto. Abrir el congreso de Cartagena sin haber cerrado antes un pacto bilateral pondría en riesgo el respaldo mayoritario a la Ejecutiva que propusiera el secretario general, quien podría toparse con un puñado de votos en blanco. La regatería propia de la negociación precongresual lleva a algún maledicente a aventurar un hipotético escenario peor incluso para el flamante mandatario: el partido volverá a las urnas en pocos meses, para elegir a su candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma, y María podría sentir la tentación de regalarse una segunda oportunidad para derrotar a Conesa, alentada por el despecho de su gente y confiada en el 47% de la militancia que apostó por ella en las primarias de septiembre.

El secretario general se muestra, de momento, conciliador. El miércoles pasado envió un mensaje optimista -demasiado, quizá- al grupo de WhatsApp que comparte con 59 correligionarios: «Próxima Ejecutiva. Integración. Ya he hablado con Lucas y con María (…). Me gustaría que ambos estuvieran en la Ejecutiva y ya les he planteado la labor y responsabilidad en la que tanto María como Lucas más pueden aportar». La incorporación a la dirección regional está asegurada en el caso de Francisco Lucas, el pedáneo de El Raal, que en la segunda vuelta de las primarias, una vez apeado él de la carrera, entregó a Conesa los votos que había cosechado para su candidatura en la primera ronda. Quid pro quo. María, sin embargo, respondió con calabazas al ofrecimiento de Diego: la secretaría de Coordinación Parlamentaria. Volvieron a negociar este viernes, comida de por medio, y de la reunión salió, nuevamente, humo negro. Lealtad mutua y voluntad colaborativa, sí, pero que corra el aire. Resulta curiosa la relación entre Diego Conesa y María González, cuyos destinos parecen entrelazados por circunstancias triviales. Fue María quien propició la sintonía personal que el alcalde de Alhama mantiene con Pedro Sánchez, al señalarle la casa de Diego Conesa cuando el líder socialista le pidió un lugar donde dormir a su paso por Murcia en la gira que hizo por España, puerta a puerta, para recuperar la jefatura del partido. Buscaba solo el domicilio de cualquier afiliado de la Región y fue a parar, entre las miles de opciones que tenía a su alcance, al de Diego Conesa. Meses más tarde, el alcalde alhameño se convirtió en el verdugo político de María. El destino.

Joaquín y Pedro López, Gloria Alarcón y Jordi Arce, en el puente de mando

De la futura Ejecutiva se sabe poco aún, salvo que Joaquín López será, con toda probabilidad, el vicesecretario general, y que en el puente de mando estará también Pedro López, el candidato a la alcaldía de Murcia que fue defenestrado abruptamente en plena campaña por -otra casualidad- Rafael González Tovar, el padre de María. Le acompañarán la profesora universitaria y militante feminista Gloria Alarcón y el joven concejal de Calasparra Jordi Arce, quien se las tuvo tiesas días atrás en las redes sociales con Emilio Ivars, el secretario de Comunicación saliente, a cuenta del resultado de las primarias; a Jordi se le vio, pancarta en mano, entre los manifestantes ante la sede de Ferraz aquel penoso sábado de octubre de 2016 en el que Pedro Sánchez se hizo el haraquiri. De Joaquín López, Conesa anunció en las primarias que lo quería para ocupar la portavocía del Grupo Parlamentario en la Asamblea, en la que López reemplazará -otra casualidad- a Rafael González Tovar. Pero el abogado formará parte además del núcleo duro de la dirección, porque así se convino en Ferraz cuando la dirección federal deshojó la margarita en favor de Diego Conesa. De aquella reunión en Madrid, nada trascendió en su momento. Asistieron el propio Joaquín López, Diego Conesa, José Vélez (el alcalde de Calasparra), José Luis Ábalos (secretario de Organización) y Santos Cerdán, responsable de Coordinación Territorial. María González no estaba.

Existe un obstáculo más para el pacto. No es insalvable, pero tampoco baladí. La diputada reclama del nuevo secretario general que no socave el poder de las agrupaciones que apostaron por ella, para lo que bastaría con hacerles sitio en la Ejecutiva alambicando su composición. Y eso es, precisamente, lo contrario de lo que Diego Conesa se propone hacer con la futura dirección, cuyos puestos reducirá a la mitad. El alcalde rechaza tomar en consideración un sistema de cuotas de poder para contentar a quienes se lo piden y garantizarse así menos contestación interna durante su mandato. Cuando debatió con su adversaria en la web de ‘La Verdad’, un día antes de las primarias, y se le preguntó por su disposición a promover la integración en el supuesto de que ganara el envite, ya dejó clara su resistencia a lo que llamó entonces «una foto engañosa para guardar las apariencias». Ahora, tras su segunda fallida reunión con la diputada, va más lejos aún: «No me gusta el ‘café para todos’, porque luego no hay azúcar suficiente y hay que tomárselo amargo».

Eso, fumata negra.

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Mi selfi con PAS

El PP se hunde, pero otro PP emerge. Otro distinto. El filósofo Jorge Riechmann abrió esta semana el ciclo ‘Cartagena Piensa’ con una conferencia de enunciado más que sugestivo: ‘El colapso no es el fin del mundo’. Riechmann sostiene que la sociedad se autodestruye a pasos agigantados por su incapacidad para embarcarse en una transición socioecológica razonable, y que ya es tarde para evitar el colapso, pero aclara que no por eso estamos a las puertas del apocalipsis, sino únicamente ante el final de un mundo al que sucederán otros. Aunque es Podemos la formación con la que Riechmann está comprometido, su reflexión en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy parecería la arenga de un ‘coach’ contratado por el PP para recuperar anímicamente a su militancia del colapso en que se encuentra por las imputaciones judiciales de Pedro Antonio Sánchez (PAS). El día en que PAS me regaló tantos y tan generosos titulares al confiarme su testamento político en el Quitapesares («abandono la vida pública», «quizá me vaya un tiempo de España», «me seguía una furgoneta blanca», «pude hincharme a dinero cobrando comisiones»…), lo que más me sorprendió, por encima incluso de su inaudita verbosidad, fue el epílogo de la entrevista. PAS acababa de proclamar en ella su rendición incondicional, lo que no fue óbice para animarme a que nos hiciéramos un selfi «y así tendrás un recuerdo de mi último día como político», de tal suerte que ahí estamos los dos, sonrientes en mi móvil, yo, por los titulares que me llevaba, y él, por algún motivo que entonces se me escapaba pero que acerté a comprender en un repaso posterior a mis apuntes. En una parte de la charla, que apenas mereció luego un retazo en la transcripción publicada, el expresidente se mostraba extrañamente optimista ante su futuro personal. A sus 41 años, está obligado -y está en su derecho- a rehacer su vida civil. No empleó el término resiliencia, pero sí el concepto. Lo superaré, soy fuerte, y dejaré atrás este calvario. Hay otro mundo más allá del mundo que para mí acaba de cerrarse, vino a decir, en consonancia con las instrospecciones de Jorge Riechmann en Cartagena. PAS se estaba dando una segunda oportunidad para evitar el colapso personal, y necesitaba explicitarlo como parte de la terapia, lo que seguramente da sentido al tono eufórico de sus declaraciones, que supieron a cuerno quemado entre algunos de sus colaboradores. Lo cierto es que, desde que encumbró a Fernando López Miras (FER), el PP empieza a sobreponerse del trauma y a recobrar el espíritu guerrero que se dejó en la batalla librada contra la oposición para defender -infructuosamente- a su líder, y hoy vislumbra un horizonte menos nublado, después de ver cómo el mundo anterior se hundía a sus pies. Quizá FER no sea el príncipe sarraceno capaz de asaltar Roma y regresar triunfante con las reliquias de Cristo, pero su entronización en la silla de PAS puede convertirse para los populares en el bálsamo de Fierabrás, la pócima que cure sus dolencias, que son muchas y abarcan desde el desgaste sufrido por la intensa campaña de acoso político al expresidente (ante la que equivocadamente respondieron en clave emocional), hasta la inquietante perspectiva de un cambio de ciclo que lo saque del Gobierno, 22 años después, empujado por sus errores, la irrupción del partido regionalista de Alberto Garre y la previsible mejoría en las urnas del flamante PSOE que ahora comanda Diego Conesa. De hecho, liberación es la palabra que mejor define el estado anímico de la dirección regional del PP, convencida por fin de que PAS le suponía un lastre debido a su complicada situación procesal. Los estrategas del partido hornean estos días en la cocina un relato distinto, con el que confían en retomar la delantera sin necesidad de pasarse la vida sacudiéndose el sambenito de la corrupción. Este es el mensaje que encabeza ahora su argumentario: «FER carece de pasado. Ya no podrán seguir dándonos la matraca con la corrupción». ¿Y qué pasa con los integrantes de la vieja guardia? Están que trinan. Fueron defenestrados por PAS y la crisis de su partido les ha sacado del ostracismo, pero solo para juntarse a tomar un café de vez en cuando y reclamar lo que coloquialmente llaman ‘la vuelta de las canas’. Antonio Sánchez Carrillo ya no preside el Comité Electoral, que le confería un poder omnímodo, y se cuenta que Joaquín Bascuñana y Miguel Ángel Cámara, que antes se tomaban el chocolate de espaldas, son ahora amigos de conveniencia, y que todos ellos hablan en nombre de Ramón Luis Valcárcel; pero más cierto es que con quien de verdad habla Valcárcel, y mucho, es con Fernando López Miras. Valcárcel, un tipo listo, sabe que un movimiento torpe podría dejarlo sin una segunda nominación para repetir en la lista de las elecciones europeas, que a la postre se materializará para él en una tarjeta dorada. La vieja guardia habla en su nombre, pero sin su autorización. Valcárcel no maniobrará. Y en el partido son una minoría quienes peinan canas, desde que su núcleo duro se vio laminado por PAS. El 60% de los miembros del Comité Ejecutivo Regional son gente joven, que aún juegan, al igual que FER, a la videoconsola, y saben que, tampoco en política, el colapso desemboca necesariamente en un apocalipsis. El lamentable caso de un ingeniero asustado

El lamentable caso de un ingeniero asustado

Estoy con Iñaki Gabilondo en que la gente que tacha de fascista a Serrat es gilipollas. Quienes no se confiesan abiertamente separatistas sufren estas semanas en Cataluña la ira de los otros. Peligro. El problema sigue siendo, claro, el desafío al Estado, pero también se encuentra en riesgo la libertad de expresión, que está por encima -en la Constitución Española- de cualquier otro derecho, incluido el falsario derecho a decidir que Puigdemont reclama. Me apena saber que un ingeniero de Caminos se ha visto obligado a meter la cabeza bajo tierra después de publicar en Youtube un vídeo en el que explica con términos fáciles de entender por cualquiera en qué consisten las obras del soterramiento, de qué van las vallas de metacrilato (el «muro») y qué es una catenaria. Se ha arrugado ante los insultos que le han jarreado desde internet. Cuidado con los gilipollas que desacreditan a quienes mantienen una opinión discrepante. Son un peligro.

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