La Verdad

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Ventanas de oportunidad
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Alberto Aguirre de Cárcer | hace 2 horas| 0

Uno de los rasgos esenciales de la calidad de las democracias es la expectativa real de alternancia en el gobierno. Cuando los ciudadanos tienen ante sí proyectos políticos alternativos con fuerte respaldo electoral se refuerza el control al Ejecutivo, hay más posibilidades de trenzar consensos de amplia base social y siempre son menores las tentaciones acomodaticias o arbitrarias de quien detenta el poder. Por la voluntad expresada en las urnas, el PP lleva gobernando en la Región de Murcia con una amplia mayoría electoral desde hace veintidós años, sin que su principal oponente haya logrado constituirse en alternativa real durante dos décadas. Algún mérito habrán cosechado los populares para que haya ocurrido así. Pero visto que el PSOE queda reiteradamente a gran distancia en apoyo electoral cabe concluir que buena parte de la fortaleza del PP murciano se cimenta en la enquistada debilidad de los socialistas. Ni siquiera pudieron crecer a costa de la caída de los populares en las últimas elecciones porque los votos migraron hacia Ciudadanos y Podemos les arañó apoyos por su izquierda. Quien ha sido su líder en los últimos años, Rafael González Tovar, no consiguió mejorar las expectativas electorales de su partido y aunque soñó con alcanzar San Esteban al frente de un tripartito, en plena crisis por la imputación del expresidente Sánchez, nunca tuvo posibilidades reales de convertirse en presidente regional. Tovar deja a su partido en una posición fortalecida en el terreno municipal, con 26 alcaldes gracias a la política de pactos, con los deberes hechos en materia de democracia interna y con cierta cohesión interna en una formación donde las viejas familias han terminado por diluirse.

El 77% de los delegados del congreso regional aprobaron ayer su informe de gestión. Sin embargo, el PSRM es hoy un partido desmovilizado a fuerza de tanto traspiés en las urnas. Revertir esa situación de cara a las elecciones de 2019 será uno de los retos del alcalde alhameño Diego Conesa. No es tarea fácil. El PSOE es difícil de pastorear. Y más cuando los resultados no acompañan y no hay un liderazgo interno arrollador. El nuevo secretario general se impuso con una estrecha victoria en las primarias, lo que le obligará a romper con el pasado sin menospreciar el respaldo obtenido por su rival María González Veracruz, especialmente en Murcia, Cartagena y Lorca. Ese desafío ya lo ha sentido Conesa en sus carnes durante la confección de la nueva dirección, donde se ha rodeado de un núcleo duro compuesto por Joaquín López y dos jóvenes con muchas ganas, pero corta trayectoria, como son Francisco Lucas y Jordi Arce. No obstante, a Diego Conesa y Joaquín López se les abre una ventana de oportunidad de cara a las urnas. Sobre todo porque su principal adversario, Podemos, parece desinflarse a nivel nacional desde que firmó el ‘pacto de los botellines’ con IU y abandonó el discurso de la transversalidad. A los líderes regionales de Podemos, que fueron la sorpresa del nuevo panorama político, les va a costar superar los desatinos de la dirección de Pablo Iglesias en relación al órdago del independentismo catalán. En su búsqueda de una equidistancia imposible, cegados por su obsesión por desbancar a Rajoy, se han quedado en tierra de nadie, dando oxígeno a los nacionalistas con su inverosímil propuesta de diálogo para llevar a cabo un referéndum pactado y legal en Cataluña, lo que implica el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que seguiría siendo inconstitucional con nuestro actual ordenamiento jurídico.

Toda su combativa lucha contra la corrupción ha quedado de alguna forma contaminada por su condescendencia con quienes, en este gravísimo desafío al Estado de Derecho, han cometido flagrantes ilegalidades que están en manos de jueces y fiscales. El sectarismo les ha hecho olvidar que no hay ilegalidad admisible aun cuando existan legítimas motivaciones ideológicas. Que duda cabe que el posicionamiento territorial de Podemos no empaña el trabajo individual de sus representantes murcianos, pero sea injusto o no es muy probable que todo esto les pase factura en una región con profundo sentimiento de españolidad.

Lo que hoy juega en contra de Podemos sopla a favor del PSOE, que ha actuado con responsabilidad ante la crisis política más grave vivida desde el 23F por este golpe antidemocrático del independentismo catalán. «Tenemos profundas diferencias con el PP, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna», dijo ayer, acertadamente, Pedro Sánchez en Cartagena. Los socialistas murcianos abren una nueva etapa donde gozan de otra oportunidad para definir su proyecto y volver a ser un partido de mayorías en la Región de Murcia, como lo fueron durante muchos años tras la Transición.

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Impolítica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-10-2017 | 09:35| 0

Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951 una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la voluntad popular o que es su fiel intérprete. Esa limitación está detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos. Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.

Especialmente desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola, desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos, como el AVE y el aeropuerto. Con Camarillas como símbolo de esa aguda crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más frustración social.

La Plataforma Pro Soterramiento ha conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa, que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos. Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos, pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor, salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba… Para rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y, sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real. Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más pragmáticas.

Los dirigentes políticos locales no están precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la Región. Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación de hacer un estricto control al gobierno popular. No faltan motivos para la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean. Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un grave conflicto.

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La tormenta catalana
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-09-2017 | 14:23| 0

El jurista y pensador Gumersindo de Azcárate, autor de la ley de represión de la usura que sigue vigente desde 1908, decía a principios del siglo pasado que en España, «el país de los guerrilleros, el país de los aventureros y descubridores por cuenta ajena», la exaltación del individualismo ha hecho que históricamente persistiera el caciquismo y las apetencias separatistas. «Todo individuo quiere ser un rey y toda población quiere ser un estado», reflexionaba. Si a eso se suma, como apunta frecuentemente el historiador Fernando García de Cortázar, una pérdida progresiva de los componentes emocionales ligados a la idea de España, justo lo contrario de lo que han hecho los nacionalistas en sus territorios, fabulando con la historia y la realidad presente para inflamar los sentimientos identitarios, era solo cuestión de tiempo que rebrotara un órdago separatista como el planteado con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Hoy no queda más remedio que defender por vía judicial desde el más alto tribunal lo que podía haberse evitado de no haberse producido esa persistente dejación colectiva sobre lo que ha sido, y es, nuestra diversa y plural nación. Lo que pudo reconducir la política en los últimos años, si se hubiera actuado con habilidad desde Madrid y Barcelona, cuando el huracán del ‘procés’ era aún una tormenta tropical en formación, siembra ahora el horizonte de sobrecogedores interrogantes. No hay duda de que el Tribunal Constitucional restituirá el amenazado Estado de Derecho. Pero a pocas semanas del 1-O nadie sabe cómo y cuál será la reacción de los separatistas en su delirante huida hacia adelante. Es para estar inquieto. La aprobación de la ley del referéndum catalán y la ley de Transitoriedad se han tramitado con plena conciencia de su ilegalidad y de las posibles consecuencias penales para sus impulsores. Ni siquiera fue un obstáculo la negativa de los propios letrados del Parlament a firmar la tramitación de esas normas. Tampoco el hecho de que fueran aprobadas con menos votos de los estipulados como necesarios en el Estatut, retorciendo incluso el reglamento interno de la Cámara para, a la vista de todos, privar a los grupos de la oposición de las mínimas garantías y cauces democráticos. De ahí que el proyecto, además de intentar romper la unidad de España por una vía carente de legalidad, se convirtió también en todo un golpe a la democracia. El único lado positivo de este desatino ha sido el desenmascaramiento definitivo de la escasa cultura democrática de los creadores del ‘procés’. Alentados por los antisistema de la CUP, los partidos liderados por Puigdemont y Junqueras mostraron su peor cara en el curso de los debates, cosechando un fracaso escénico que dejó en evidencia la catadura de quienes quieren imponer una Cataluña excluyente, aunque solo sea por un voto y dividiendo por la mitad a su sociedad. Bastó con leer la letra pequeña de la ley del referéndum, que permitiría votar con DNI caducados, para constatar la pobreza democrática de esta consulta rupturista que serpentea sin el más mínimo apoyo de la comunidad internacional. La firmeza y cierre de filas de PP, PSOE y Ciudadanos contrastó con la ambigua equidistancia de Podemos, cuyo bajo perfil durante esta crisis resultó vergonzante y terminó por sacar a la luz fracturas internas en la alianza con que concurrió a las elecciones del 27-S. A la postre, al margen de la actuación del Estado, no habrá referéndum en sentido estricto porque muchos alcaldes catalanes se mantendrán del lado de la ley, como lo harán miles de funcionarios públicos que han sido conducidos hacia un precipicio por la obcecación del independentismo. Y, por supuesto, porque una gran mayoría de la sociedad catalana no desea participar en un dislate que puede tener consecuencias funestas para sus vidas, ni comparte el relato trenzado por los separatistas sobre el encaje de Cataluña en España, con todas las imperfecciones que pueda tener.

La política, de tan turbulenta, se ha vuelto impredecible como el comportamiento físico de la atmósfera. Habría que examinarla como un sistema dinámico no lineal porque sus protagonistas son imprevisibles, actúan en función de intereses personales o partidistas y transitan con las luces cortas, cegados en este caso por el sueño de una arcadia inexistente. Actúan irresponsablemente. Como si no hubiera un mañana. Arrastrando a todo el país a una crisis que puede obligar a tomar medidas inéditas en nuestra reciente historia democrática. Mi impresión es que el ‘procés’ descarrilará y en octubre habrá una convocatoria de elecciones en Cataluña. Sospecho que muchos de los que lideran este delirio, como Oriol Junqueras, ya lo saben, pero apuran este trance emocional colectivo para obtener el máximo provecho en una próxima llamada a las urnas. Sin embargo, no habrá futuro para Puigdemont, el muñeco utilizado por Artur Mas para capitanear el naufragio y posterior hundimiento de un partido que resulta hoy irreconocible. Cataluña no merecía tan funestos dirigentes.

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Golpe a la democracia
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Alberto Aguirre de Cárcer | 07-09-2017 | 01:32| 0

No hay suficientes palabras para describir el bochorno vivido en el Parlamento catalán, pero la vicepresidenta Sáenz de Santamaría estuvo atinada al tildarlo de «patada a la democracia». La ley del referéndum sobre la independencia de Cataluña no solo viola la legalidad establecida en la Constitución. También la propia legalidad catalana, dado que el Estatut requiere para su cambio una mayoría cualificada de dos tercios de los diputados. La prueba evidente de la ilegalidad fue el rechazo del letrado mayor de la Cámara a tramitar la norma. Ayer, sin embargo, con la presidenta Forcadell a la cabeza, los independentistas decidieron saltarse a la torera hasta los propios trámites y garantías parlamentarias para fraguar este insensato órdago de quienes están dispuestos a dejar de pertenecer a la UE, con tal de intentar culminar su delirante aventura separatista.

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El timo de la llamada perdida
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Alberto Aguirre de Cárcer | 05-09-2017 | 23:15| 0

La Policía y la Guardia Civil alertaron ayer del auge del ‘timo de la llamada perdida’. Se inicia al recibir una llamada corta en el móvil, sin tiempo para responder, pero quedando registrada como ‘llamada perdida’. Si el receptor la devuelve, le saldrá caro: la línea tiene una tarificación adicional, de la que los estafadores se llevan parte, mientras una locución automática intenta retener al usuario el mayor tiempo posible. No se sabe quién llamó a quién, pero al PP, en su relación con Cs, le quedó la sensación de haber sido timado con la reforma de las ITV. Mucho ‘guasap’, mucha llamada, pero en el último suspiro, cuando el registro de los móviles acreditaban un acuerdo, Cs sorprendió con su rechazo al decreto. No es una estafa, es política. Lo curioso es aquí nadie gana. Al contrario, ambos pierden. Un nuevo espectáculo. Y otro timo más.

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Bucle histórico
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Alberto Aguirre de Cárcer | 09-07-2017 | 07:28| 0

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región como es el agua. Los partidos deben esforzarse en alcanzar una posición común y defenderla en Madrid

El 10 de mayo de 1925, hace 92 años, la Diputación Provincial iba a celebrar una asamblea en la que estaba en juego la unidad de los municipios murcianos en favor de la construcción de dos pantanos, el de la Caridad (Taibilla) y el de la Fuensanta. Se trataba de un proyecto hidráulico diseñado para aprovechar las aguas del río Taibilla, que impulsaban los ayuntamientos de Murcia y Cartagena. Había importantes objetivos en liza: garantizar el abastecimiento a 500.000 personas de casi todas las poblaciones de la provincia, incluida la base y el puerto de Cartagena; evitar inundaciones graves como las de 1879 y «llevar a los campos yermos el líquido fertilizante e impulsor de la riqueza», como escribía ‘La Verdad’ ese día en su portada, en un artículo titulado ‘Unidad indispensable’. Además de proteger contras las avenidas, ambos embalses ayudarían a acabar con la insalubridad de las aguas, evitando 600 muertes y 6.000 enfermedades graves cada año solo en Cartagena, habitada entonces por 60.000 personas. La situación era igualmente penosa en Murcia, que carecía de canalizaciones para llevar el agua a las casas.

Pero también, los dos vasos proyectados en el afluente del Segura abrían la posibilidad de mantener 100.000 hectáreas de cultivos en la provincia, ya entonces sometida a un importante déficit hídrico, con periodos de prolongadas sequías. Sin embargo, según avanzaba el proyecto, se suscitaron varias controversias, aireadas en los periódicos de la época, sobre quiénes debían tener uso preferente para la agricultura de los caudales sobrantes y por el temor de algunos municipios a quedar preteridos en el reparto. Había dudas sobre qué derechos de uso tendrían los regantes tradicionales del Segura y sobre el precio de ese agua. La posición defendida por este diario era que, frente a las «divergencias y las parcialidades», importaba «sobremanera no comprometer el éxito de la empresa suscitando rivalidades». En definitiva, que era un tema vital para la provincia y por tanto resultaba indispensable la unidad para lograr un solo anhelo: que los pantanos fueran «construidos para salvar de la tormenta de la sequía a toda una región feraz». Dos años después, en plena dictadura de Primo de Rivera, se crea por decreto-ley la Mancomunidad de Canales del Taibilla y se revisa el proyecto de 1925. Pero cuando todo parecía marchar hacia adelante, resurgió una propuesta alternativa que había sido descartada (la toma de agua del río Mundo), lo que provocó confusión a los ayuntamientos y la pérdida de esa unidad, que no hizo sino acrecentarse en tiempos de la República. Tras múltiples vicisitudes, y pese al enfrentamiento por el agua sobrante entre los regantes tradicionales del Segura y los agricultores de Lorca, Totana y Alhama, cuando iban a arrancar las obras del pantano del Taibilla estalló la Guerra Civil. No fue hasta 1945 cuando el agua del Taibilla llegó a Cartagena.

Con el trasvase Tajo-Segura cerrado, la Región vuelve, una vez más, a estar inmersa en una comprometida situación que amenaza hoy a un sector que representa el 20% del PIB regional y el sustento de más de 100.000 personas. Con una grave sequía que afecta duramente a gran parte del país, y en un escenario de galopante calentamiento por el cambio climático, la ministra de Agricultura acaba de iniciar los primeros contactos para intentar, por fin, un Pacto Nacional del Agua que debería aportar soluciones estructurales a nuestro déficit hídrico. Y de cara a esas negociaciones políticas que tienen complejas aristas territoriales, los partidos de la Región han comenzado los contactos para alcanzar una posición común que defender en Madrid.

Como expresamos hace 92 años en estas páginas, pensamos que la unidad es indispensable en un tema vital para la Región. La altura de miras que demostraron PP y PSOE, cuando el anteproyecto de estatuto manchego puso fecha de caducidad al Trasvase, puede y debe volver a reeditarse para alcanzar un acuerdo regional lo suficientemente sólido para que no acabe convertido en una débil baza negociadora en Madrid. Debe servir de lección lo ocurrido con los prometidos mecanismos de compensación previstos en el Memorándum que ahora se nos hurtan. Hoy solo es posible garantizar los recursos hídricos necesarios, presentes y a medio plazo, si se combinan los trasvases de otras cuencas, las desalinizadoras y las aguas subterráneas. Desde sus distintas y legítimas posiciones, los políticos de la Región deberían hacer un esfuerzo por aparcar prejuicios e intereses partidistas y enhebrar acuerdos que permitan el desarrollo sostenible de nuestro sector agroalimentario sin causar perjuicios medioambientales. Es en estos momentos difíciles cuando los políticos exhiben su auténtica talla. Aquí y ahora se juegan de nuevo el futuro de todos.

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Ejemplaridad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 02-07-2017 | 08:54| 0

Millones de personas sufren persecución por sus ideas políticas, sus creencias religiosas o su orientación sexual en decenas de países donde las libertades individuales y los derechos colectivos son pisoteados o reprimidos, en muchos casos con penas de prisión. No es casual que en España, donde esta semana se ha conmemorado el cuarenta aniversario de las primeras elecciones democráticas tras el fin de la dictadura franquista, se celebre también durante estos días la más concurrida expresión reivindicativa de los derechos de los homosexuales y contra la discriminación por género, identidad y orientación sexual. No solo en el ámbito normativo, sino también en términos de respeto y tolerancia social, nuestro país ha dado pasos ejemplares en el reconocimiento y normalización pública de la diversidad sexual. Aún así, siguen existiendo en la vida diaria numerosos comportamientos homófobos y prejuicios sociales contra el colectivo LGTB. En una entrevista con ‘La Verdad’, la presidenta de la Asamblea, Rosa Peñalver, habla hoy sin tapujos de su orientación sexual y de sus vivencias personales, expresando libremente sus opiniones sobre un asunto que normalmente es rehuido por la mayoría de los personajes públicos. Una actitud valiente de quien a estas alturas de su larga trayectoria política no tiene nada que ganar en lo personal con esta conversación periodística, pero que puede aportar mucho en lo colectivo para lograr una sociedad más madura y tolerante. Rosa Peñalver da otra muestra hoy de ejemplaridad pública. Ejemplaridad que no guarda relación con su orientación sexual, sino con el compromiso social que demuestra con su testimonio. La visibilidad conduce a la normalidad. La segunda autoridad de la Región tenía todos mis respetos. Ahora cuenta también con mi admiración.

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Competitividad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 02-07-2017 | 08:53| 0

La Región de Murcia es ya un lugar excelente para vivir o venir de vacaciones. Con el AVE y el aeropuerto de Corvera lo será aún más. Pero aún entonces seguirá siendo una comunidad complicada para trabajar, producir e innovar

Esta semana no ha podido quedar más claro que el retraso del AVE, el aeropuerto y otras infraestructuras críticas para la competitividad de la Región nos tienen a todos hasta el gorro. Es «cabreante», dijo el presidente del CES. Una «tomadura de pelo» que provoca «hartazgo», añadió días después el presidente de los empresarios. Hasta Fernando López Miras, en la asamblea de Croem, expresó que él es el primer «enfadado» por estas recurrentes demoras. Aunque la recuperación económica no ha llegado a todos los hogares, este es el segundo año de crecimiento y esas palancas para nuestra economía se hacen esperar todavía más, lo que acentúa la brecha con nuestras comunidades más próximas y provoca cansera social. El Gobierno regional sabe que la alta velocidad y Corvera son hitos determinantes para esta legislatura y que gran parte de sus expectativas electorales en 2019 dependerán del despegue de estos proyectos, junto a una solución estructural al acuciante problema del agua. Al presidente López Miras se le ve dispuesto a dar la batalla en Madrid. Hace bien. Personalmente no tiene nada que perder. La responsabilidad le ha llegado sin haberla pretendido y hoy no tiene que contemporizar con Génova o La Moncloa para obtener un puesto en las listas electorales. Sabe que hoy le renta políticamente más incomodar a la ministra de Agricultura que a los regantes. A la postre, la mayoría le juzgará por su actitud y no por logros que iniciaron otros o por las secuelas de una herencia envenenada. Culminar la llegada del AVE y la apertura de Corvera, tal y como están ambos, tampoco es que sean los doce trabajos de Hércules. Más complicado lo tendrá con la negociación del pacto nacional del agua porque ahí se multiplicarán los frentes. El auténtico interrogante que suscita su presidencia es si solo se ocupará de lo evidente y lo urgente (las infraestructuras y el agua) o tendrá una actitud proactiva para encarar, con la vista en el medio plazo, otras carencias que nos han hecho retroceder como ninguna otra comunidad en los índices de competitividad regional durante los últimos tres años. Carencias como la escasa orientación de las empresas murcianas hacia la innovación, el menguante gasto en I+D+i y una especialización productiva con baja intensidad en conocimiento, como señala un reciente informe de la Fundación BBVA. Eliminar el impuesto de sucesiones en enero de 2018 o avanzar en la simplificación administrativa son medidas positivas, pero claramente insuficientes. La tecnología, la innovación y la sostenibilidad son los factores decisivos que confieren fortaleza a los territorios en este globalizado y digitalizado mundo. Y en esas tres áreas no andamos precisamente fuertes. Al contrario. La memoria del CES señala, atinadamente, cómo el escaso nivel de gasto en I+D y el inferior nivel educativo respecto a la media española es tanto o más importante que los déficits en infraestructuras de transporte. De qué sirve, además, tener tres universidades, dos de ellas públicas, si no existe política universitaria o acumulamos dos años sin un plan de investigación y desarrollo. Cómo es posible que tengamos una de las cuatro únicas politécnicas de España y obtengamos, muy a pesar de la UPCT, tan poco rédito en el sector productivo de la calidad de sus docentes y tecnólogos. No parece que la sociedad murciana se esté beneficiando de la explosión de graduados universitarios en la proporción que cabría esperar. Fueron estudiantes de Medicina formados en la Región quienes obtuvieron las mejores notas en las dos últimas convocatorias de las pruebas del MIR. Y hace pocos días, los tres proyectos ‘tecnosociales’ que jóvenes de la Región presentaron al ‘Think Big’ de Telefónica recibieron una beca y la opción de ‘venderse’ ante decenas de inversores. Hay, en efecto, mucho talento individual, pero falta mucha masa crítica en materia de excelencia.

Convertirse en una Región donde, al margen del innovador sector agroalimentario, el peso de la riqueza radique en el sector servicios y en otros de insuficiente valor añadido es una opción. Pero la renta media seguirá en el furgón de cola, continuará la alta temporalidad laboral y la generación de riqueza por puesto de trabajo será de las más bajas del país. La Región es ya un lugar excelente para vivir o venir de vacaciones. Con el AVE y Corvera lo será aún más. Pero aún entonces seguirá siendo un territorio difícil para trabajar, producir e innovar.

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Círculos de confianza
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Alberto Aguirre de Cárcer | 21-05-2017 | 05:36| 0

Sánchez se fotografió en abril de 2016 con 22 directores y secretarios generales, la mitad de sus altos cargos. Todos, excepto uno, siguen con Miras. Ambos han reclutado otros 21 rostros para encarar las elecciones regionales de 2019

Guillermo Carrión / AGM

Yuri Gagarin fue ascendido de teniente a comandante minutos antes de entrar en la atmósfera. Las autoridades soviéticas creían que el primer hombre enviado al espacio tenía más posibilidades de morir en el descenso que de sobrevivir. Y si el héroe de la cosmonáutica iba a volar en pedazos, pensaron que lo justo era que lo hiciera con los máximos honores. Para evitar estrellarse en las urnas dentro de 25 meses, un suspiro temporal en términos políticos, el PP de Pedro Antonio Sánchez y Fernando López Miras ha culminado una semana de descartes, ascensos y nombramientos, que se han hecho coincidir con una reactivación interna del partido. Es poco tiempo para que la nueva tripulación garantice un final de trayecto exitoso, pero si Sánchez hubiera podido hacer una remodelación profunda del Ejecutivo regional, un asunto para el que no tenía fecha pero no descartaba una vez llegado al ecuador de la legislatura, se habría parecido mucho a la de López Miras, salvo en lo más alto de la cúspide, claro está. Y es que Sánchez y Miras han gestado al alimón todos los cambios y nombres del organigrama, dando el visto bueno a cada alto cargo, sin la aparente intervención de Valcárcel. Un proceso acometido con más hermetismo del habitual, en conversaciones bilaterales con cada consejero, para reclutar a la tropa de élite, evitando filtraciones sobre quiénes dijeron ‘sí’ y dijeron ‘no’ a la oferta.

Miras, sin lugar a dudas, no ha hecho su equipo solo. Como tampoco lo hicieron Garre ni el propio Sánchez. Ambos tuvieron que pactar con el presidente de su partido. La diferencia es que, una vez colocados determinados dirigentes con los que tenía compromisos, Valcárcel dejaba margen de maniobra. Pero entonces no estaba en juego el poder, como sucederá en 2019. En las actuales circunstancias caben pocas canongías. Solo hay sitio en los puestos clave para profesionales o militantes con vitola de eficaces y afines a las figuras de PAS y Miras. La imagen que ilustra esta página, del 9 de abril de 2016, es reveladora. El expresidente regional se reunió con veintidós directores generales, la mayoría de ellos de perfil más técnico y profesional que de adhesión ideológica y cuota de partido. Eran prácticamente la mitad de los altos cargos del segundo escalón de su gobierno y desde San Esteban se les señalaba como los ‘capitanes’ con más futuro en la Administración del PP. Así ha sido. Los que no aparecen en la foto con Sánchez, tampoco aparecerán en ninguna con López Miras. Prácticamente todos los que no fueron invitados a esa cita han sido sustituidos por veintiuna nuevas caras. Por el contrario, los veintidós directores generales presentes en esa reunión con PAS permanecen con Miras. Siguen en sus puestos, cambian de destino o ascienden, como es el caso del que fuera jefe de gabinete de Sánchez y exdirector del Info, el nuevo consejero de Turismo, Medio Ambiente y Cultura, Javier Celdrán. Solo tres de los veintidós ‘elegidos’ para la cita han quedado fuera, dos de ellos porque sus puestos son ahora subdirecciones generales.

Sánchez tiene un rasgo psicológico muy acusado que es útil para entender estos cambios. Como todos los políticos, quiere rodearse de dirigentes de la máxima confianza. Acentuado por su situación judicial, en su caso existe un plus: desconfía de casi todo. Y cada vez más. Es más desconfiado aún que López Miras y Rivera, el ‘tercer hombre’, y casi tanto como Robert de Niro en la película ‘Los padres de ella’, donde le explica a su futuro yerno, Ben Stiller, en qué consiste el ‘circulo de confianza’ familiar. Estar dentro significa poder, estar fuera es ser ignorado. Los ‘círculos de confianza’ de PAS en la familia popular son concéntricos. Los altos cargos de la foto formaban parte del anillo exterior. López Miras es en quien más confía y por eso le designó presidente, en previsión de su posible vuelta en 2019, si sale vivo políticamente de los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’. También confía en Pedro Rivera, Juan Hernández, Noelia Arroyo… y demás miembros del Gobierno, aunque varía la intensidad. De ahí que estén situados en diferentes ‘círculos de confianza’ dentro del Gobierno. Las posiciones no son inamovibles. Cambios, como el de Martínez-Cachá, obedecen a esa dinámica. En el interno del Ejecutivo cada cual va percibiendo esas posiciones orbitales que ahora ocupa en relación al ‘rey sol’ y su ‘gran delfín’.

Sin adherencias valcarcistas, y con la incorporación de otros veintiún cargos (es sintomática la llegada de concejales de alcaldes próximos a PAS), el Ejecutivo regional ya puede arrancar este lunes con la vista puesta en la principal preocupación de Sánchez y Miras: las elecciones de 2019. Las más complicadas para el PP desde 1995. Sobre todo con los casos ‘Auditorio’ y ‘Púnica’ en los tribunales, algunos otros del pasado que están por cerrarse y otros por eclosionar (la desaladora de Escombreras), la reforma electoral y el riesgo de que Alberto Garre acabe dando el paso y lidere un partido de corte regionalista que arañe los suficientes votos para desequilibrar la balanza. Ahí está Miguel Ángel Revilla, que nunca ha ganado las elecciones en Cantabria y ya ha sido tres veces presidente autonómico. Miras se ocupará de la gestión y Sánchez de fijar el rumbo político, poniendo las pilas al partido. Ayer se acabaron los sábados de asueto en el PP regional. ¡Poyejali! (en marcha), gritó Gagarin al despegar. El del PP también puede ser un arriesgado viaje hacia lo desconocido.

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Sentido común, sentido moral
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Alberto Aguirre de Cárcer | 14-05-2017 | 05:38| 0

Víctor Pérez-Díaz, premio nacional de Sociología, detalla en su último trabajo para Funcas, ‘La voz de la sociedad ante la crisis’, que el 77,2% de los españoles prefieren políticos con «sentido moral y sentido común» frente a un 18,6% que en las encuestas se inclina por dirigentes que tengan una «gran visión y energía para impulsarla». Nada hay más sensato que un gobierno llegue a acuerdos para sacar adelante las cuentas públicas. Es su primera obligación dado que los presupuestos afectan de manera decisiva a la vida económica y social de todo un país, una región o un municipio. Sin ellos, la administración pública entra en una perniciosa parálisis que termina por afectar negativamente a cada uno de los ciudadanos en múltiples cuestiones.

Hace algo más de una semana, el Gobierno de Rajoy cerró un pacto con el PNV que garantizó el apoyo de ese partido para los Presupuestos del Estado. Hasta ahí todo parece muy sensato. Sin embargo, la percepción cambia y se torna desmoralizante cuando se observa el precio desorbitante pagado por ese respaldo político, una vez más, a los nacionalistas vascos. En su momento más delicado por el mefítico torrente de presuntos casos de corrupción, Rajoy ofreció a Urkullu más de 4.000 millones a cambio de sus votos en el Congreso. Unos 1.400 millones en concepto del Cupo (el dinero que el País Vasco paga al Estado por la prestación de determinadas competencias) y 3.300 millones para completar la Y ferroviaria de alta velocidad, incluyendo el soterramiento del AVE en Bilbao y Vitoria, además de bonificaciones en la tarifa eléctrica industrial y subvenciones para distintas iniciativas culturales. Vista la elevada factura es muy difícil no preguntarse dónde está el sentido moral de un acuerdo que salva las cuentas públicas, pero que a la vez constituye un salvavidas político para el propio Rajoy, aumenta la brecha de financiación per capita con comunidades como la nuestra e introduce criterios políticos de difícil justificación en la antesala de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. El presidente del Gobierno demostró tal generosidad que sorprendió incluso en el propio País Vasco, donde los sectores más moderados siempre aspiraron a fijar la cuantía del Cupo con criterios técnicos para evitar arbitrariedades y también de cara a la Unión Europea, que no ve con buenos ojos esta privilegiada excepcionalidad fiscal y financiera.

Rajoy está en problemas y pacta entregar 4.000 millones al País Vasco para salvar los Presupuestos y a la vez su propio cuello político. Las cien mil personas que viven del Trasvase se enfrentan a una coyuntura dramática por la situación de la cabecera del Tajo y obtienen, como solución de urgencia, una enmienda para abaratar con 4 millones el precio del agua desalada durante este año. La desproporción de trato es tan evidente que a nadie le debería extrañar que los agricultores protesten en las calles para reclamar agua o que los vecinos de Murcia hagan lo propio para exigir la llegada del AVE soterrado a la ciudad en el menor plazo posible. Es difícil restañar la confianza en los gobernantes cuando las desigualdades, lejos de reducirse, se agigantan. En las encuestas manejadas por Víctor Pérez-Díaz, el 41,6% de los españoles opinan que la capacidad de los gobiernos (central y autonómicos) para resolver los problemas del país seguirá igual de aquí a cinco años. Y un 59% señala que «muchos políticos de todas las tendencias suelen descalificar a los adversarios para desviar la atención del hecho de que no son capaces de resolver» esas grandes cuestiones que afectan a España.

Al presidente del Gobierno se le reconoce como una de sus mayores virtudes que gobierna con sentido común, pero es díficil encontrar el sentido moral en muchas de sus decisiones, ya no solo en aquellas relativas a la gestión política de los presuntos casos de corrupción que afectan a su partido. Si Rajoy tampoco se caracteriza por su gran energía para encarar problemas enquistados, como el del agua, que requiere de decisiones valientes y estructurales más que de calderilla para salir del paso, es difícil que no siga sufriendo un paulatino deterioro en respaldo popular, como mostró el último barómetro electoral del CIS. Solo la falta de una alternativa sólida, con un PSOE completamente abierto en canal, le permite navegar con cierta tranquilidad por las aguas de la política nacional, tan necesitada como está de un impulso para llevar a cabo múltiples reformas de calado.

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