Es difícil encontrar precedentes de un cambio de Gobierno tan milimétricamente bien ejecutado y comunicado, en términos de imagen para su presidente, como el realizado esta semana por Pedro Sánchez. Con once mujeres y seis hombres, el Ejecutivo más femenino de la democracia (sus políticas desvelarán si también es el más feminista) logró abrirse un hueco en la portada del ‘Finantial Times’ y ser alabado en otros prestigiosos diarios europeos. Sánchez acertó al filtrar como primer nombre el de José Borrell para Exteriores, en tanto que mandó un mensaje de europeísmo y firmeza ante el separatismo catalán que tuvo el efecto de un lexatin. Luego, escalonadamente, fueron desgranándose el resto de elegidos hasta dibujarse un Ejecutivo integrado por profesionales de solvencia contrastada y perfil progresista, aunque claramente moderado, lo que descolocó a sus rivales. Con solo cuatro miembros de la Ejecutiva socialista y sin cuotas territoriales para satisfacer a los barones. Con algunos fichajes de mucho nivel, como la ministra de Economía, Nadia Calviño, una de las altas funcionarias de la Comisión Europea más valoradas internacionalmente, o el astronauta Pedro Duque, un icono nacional del mundo de la ciencia y la tecnología. De esta forma, en solo una semana, Sánchez ha dejado patente varios hechos fundamentales que marcarán el futuro de su Gobierno y de un nuevo escenario político donde ya no puede darse por enterrado el bipartidismo. En primer lugar, quedó acreditado que el PSOE saca una enorme ventaja en materia de comunicación política al PP, un aspecto temerariamente menospreciado por Mariano Rajoy con las consecuencias ya conocidas por todos. Que el director de su gabinete vaya a ser Iván Redondo, el asesor que ha guiado sus pasos hasta La Moncloa, indica que la comunicación tendrá igual o más peso que la gestión, a fin de explotar todas las ventajas que ofrece acudir a las próximas generales desde la atalaya del Gobierno. Ante el previsible calvario que le aguarda en el Congreso de los Diputados por la precariedad numérica de su grupo, Pedro Sánchez fía su suerte a la proyección pública de un Ejecutivo con numerosas caras (demasiadas, por cierto) y sus aires de renovación y modernidad. El tino del nuevo presidente radicó precisamente en rodearse de profesionales experimentados (salvo alguna extravagancia de última hora) sin temor a que nadie le haga sombra, sabedor de que un equipo solvente contribuye a disipar las dudas sobre su propia capacidad política. Todo lo contrario de lo que ocurre con muchos presidentes autonómicos, que a fuerza de querer rematar todos los balones y protagonizar en exclusiva el relato desdibujan a sus equipos y proyectan una acción de gobierno completamente plana.

Como todos los políticos en esta sociedad televisada, Pedro Sánchez sabe que los discursos políticos se construyen en primer lugar con imágenes que proporcionan visibilidad y fraguan una marca personal. Pero como se asesora con profesionales, sabe que se necesitan estrategias de comunicación más elaboradas. La difusión de la carta enviada a todos sus ministros, instándoles a que busquen los consensos y respeten la estabilidad económica y presupuestaria en sus decisiones, muestra lo fino que se pretende hilar en materia de comunicación. Claro está que nunca una semana es tan ilusionante y placentera como la primera en La Moncloa. Indefectiblemente, cuando se desvanezca el relumbrón y la espuma de lo novedoso, los gestos darán paso a los hechos ante desafíos complicados, como la gobernabilidad con solo 84 diputados y la amenaza del secesionismo catalán. Ahí comenzarán los problemas. Solo entonces podrá calibrarse la auténtica talla de un Gobierno que nació  con plena legitimidad democrática, pero sin el respaldo de las urnas. Ayer ya cometió su primer error cuando la ministra Meritxell Batet habló de reformar de manera «urgente» la Constitución para cambiar el modelo territorial, lo que jamás debería hacerse con prisas.

El vuelco político también provocará un reajuste en la vida pública regional. Regresa la cohabitación. De nuevo, un Ejecutivo popular en San Esteban y un delegado socialista de un Gobierno del PSOE en Madrid. Solo que esta vez hay importantes compromisos de inversión estatal en infraestructuras que estaban a punto de licitarse, a menos de un año de unas autonómicas cuyo resultado, en términos de gobernabilidad, es el más incierto desde 1995. Firmado el pasado lunes, el Pacto Regional del Agua es una prueba de que los consensos son complicados en estos tiempos, pero también posibles y obligados cuando está en juego el interés general de los murcianos. Ayer fueron oportunas las apelaciones al consenso del popular López Miras y de la socialista Rosa Peñalver, presidenta de la Asamblea. Si fue factible en materia hidrológica también debería serlo en materia de financiación e infraestructuras, ahora que se avecinan fechas claves para la llegada del AVE y el soterramiento de las vías en Murcia. O la toma de decisiones sobre las medidas para recuperar al Mar Menor, valoradas por los técnicos del Ministerio en cifras que oscilan entre los 400 y los más de 600 millones de euros. Un problema que compromete tanto al Gobierno de López Miras como al de Pedro Sánchez, con independencia de la cuota de responsabilidad que hubieran tenido en el pasado la Comunidad y la Confederación del Segura. Ahora bien, una cosa son los deseos y otra la realidad. Y, ayer, el acto institucional del Día de la Región de Murcia reflejó lo abierto que está, ahora también aquí, el pulso por el poder.