La Verdad

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Autor: Alberto Aguirre de Cárcer
La academia de los ociosos
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Alberto Aguirre de Cárcer | 10-12-2017 | 2:28| 0

Nos espera un 2018 repleto de importantes debates sobre el modelo territorial que serán punto de partida para una reforma constitucional. Está por ver si sus protagonistas estarán a la altura de los desafíos que se pretenden superar

Es de esperar que la comisión creada en el Congreso de los Diputados para evaluar a partir de enero la reforma del modelo territorial no se convierta en la napolitana Academia de los Ociosos en la que ingresó Francisco de Quevedo. Aunque agrupados bajo un engañoso nombre (su lema era ‘no quedarse en la apatía’ y sus integrantes no eran perezosos desocupados sino poetas y literatos que apostaban por cultivar el espíritu), Quevedo y sus contertulios derivaban con facilidad en bizantinas discusiones sobre qué tipo de canciones cantaron las sirenas para atraer a Ulises o con qué pie tocó tierra Eneas cuando desembarcó en Italia. Ahora son malos tiempos para la lírica y lo deseable es que la apertura del melón del estado autonómico, de cara a una eventual reforma de la Constitución, no sirva a la postre para que cada partido saque su particular tajada de un debate necesario, siempre que conduzca a una mejora estructural del sistema autonómico y a los cambios precisos para dar respuesta a los problemas de un país que empieza a parecerse poco al de 1978. Los dos grandes partidos ya han avanzado la lista de comparecientes que desfilarán por el Congreso durante los próximos seis meses, sin que por el momento sepamos muy bien a qué va a conducir todo un proceso que no debería utilizarse para satisfacer o apaciguar a los separatistas. Las dificultades para llegar a un consenso son elevadas porque de partida las posiciones son muy distantes. Por un lado, frente a la impasibilidad del PP de Rajoy nos encontramos la alternativa federalista del PSOE de Sánchez, que no se termina ni de concretar ni de entenderse. Y luego en los extremos aparecen Podemos, que apuesta por tirar la casa en lugar de reformarla, y los nacionalistas, renuentes a cualquier acuerdo por su falta de interés político en un proyecto común. Pero las dificultades de inicio no deberían poner freno a una revisión ineludible, habida cuenta de la grave crisis institucional que ha vivido España en los últimos siete años. Mucho más complicado era el entorno político y social de los años previos a la redacción y aprobación de la Constitución. Pero lo que entonces parecía imposible se hizo realidad por la talla política de los actores implicados, la existencia de una verdadera voluntad de cambio democrático y, desde luego, la participación activa de una ciudadanía que se sentía protagonista de la transición a la democracia. Ninguna de esas tres premisas previas se dan ahora. Da igual, la situación obliga.

Más allá de la sempiterna necesidad de dar contenido y competencias territoriales al Senado, habría que buscar soluciones de fondo para algunos males que han lastrado la competitividad política, económica y social del país. Algunas de esas taras, como la fractura del sistema educativo en 17 diferentes, han contribuido al debilitamiento de España como proyecto, aunque ya tienen difícil remedio dado que no cabe, ni sería deseable, una involución de competencias autonómicas. Existen mecanismos de coordinación real para lograr la cohesión y la equidad o de garantías para aplicar políticas de Estado, por ejemplo en materia de agua. Durante años, los técnicos de las comunidades autónomas han aportado soluciones a retos comunes en el seno de organismos como el Consejo Interterritorial de Salud o el Consejo de Política Fiscal y Financiera, soluciones que a la hora de la verdad han sido orilladas por los dirigentes políticos de distinto signo en beneficio de posiciones partidistas o territoriales. Me temo pues que no es tanto la falta de nuevas herramientas, sino de voluntad política, lo que impedirá avances sustanciales en las posibles reformas territorial y constitucional.

De ahí que sería bueno que antes, o al menos paralelamente, hubiera un acuerdo en el seno del Consejo de Política Fiscal sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, cuya entrada en vigor está pendiente desde hace tres años. Parece que espoleado por las críticas de los barones de su partido y del PSOE por la aprobación del cupo vasco, Rajoy ha dado órdenes a Montoro para que entre en materia, a lo que ha respondido el ministro con una convocatoria para el próximo 28 de diciembre, día de los Inocentes, de los técnicos autonómicos. Para entonces ya habrá nuevo Gobierno en Cataluña. Teóricamente, el panorama se habrá despejado. O quizá no, en función del nuevo signo político de la Generalitat.

Lo cierto es que la Región de Murcia se juega mucho en ese envite y no le conviene en absoluto que la nueva financiación se posponga sine die. El comité de sabios dirigido por Ángel de la Fuente, el IVIE, Fedea… apuntan con claridad que somos, junto a la Comunidad Valenciana, el territorio autonómico más perjudicado por el actual modelo. Hace solo unos días, el mapa de la financiación autonómica elaborado por la Universidad de Barcelona ha vuelto a confirmar lo ya sabido: los mecanismos de compensación financiera introducidos en el modelo vigente penalizan a la Región. La necesidad de revertir esa situación es más acuciante porque, además, el Gobierno de López Miras ha tomado la decisión política de eliminar a partir del 1 de enero el impuesto de sucesiones y donaciones, de acuerdo con Ciudadanos y asumiendo una reclamación de los empresarios de Croem y otras organizaciones sociales. Por el momento, el Ejecutivo murciano lo apuesta todo a la dinamización de la economía y el consumo, hasta el punto de que prevé un incremento de 174 millones en sus ingresos por la vía de los impuestos estatales. Una mejora en las arcas regionales que no deja de ser relevante, pero que en definitiva sigue dejando un margen muy estrecho para inversiones productivas de calado porque un altísimo porcentaje de las cuentas públicas es absorbido por el mantenimiento de la educación, la sanidad y otros servicios básicos esenciales. Nos espera un 2018 repleto de importantes debates territoriales. Lo que está por ver es si sus protagonistas van a estar a la altura de los desafíos que se pretenden superar.

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Es la educación
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Alberto Aguirre de Cárcer | 12-11-2017 | 1:06| 0

Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y escuchar cómo desde la cúspide de las universidades se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado la acreditación de la Aneca o la alta demanda de plazas

Al exministro de Obras Públicas Josep Borrell le han ofrecido ir en el tercer puesto de las listas socialistas en las elecciones catalanas, pero a estas alturas no se le pasa por la cabeza volver a la política y se ha blindado contra cualquier tentación para poder así continuar con su vida profesional y personal. Solo en el plano de las hipótesis responde que si le ofrecieran hoy una cartera ministerial elegiría Educación. «España tiene hoy mucha infraestructura física y poca infraestructura personal. Nos gusta mucho inaugurar obras, porque se ven, pero los países que ganan la batalla son los que invierten en educación. Lo que necesita este país ahora es invertir en inteligencia, en capital humano», dijo Borrell el viernes en el Foro Nueva Murcia. Como en otros asuntos, acierta en el centro de la diana el expresidente del Parlamento Europeo, hoy una isla de racionalidad en este océano político donde se activan resortes emocionales y se falta a la verdad para movilizar adhesiones. Sí, es la educación. No lo duden. Y lo que es fundamental para España lo es especialmente para la Región de Murcia.

Este jueves, en su informe anual sobre Educación, la Comisión Europea nos sacaba una vez más los colores. España tiene la segunda tasa más alta de abandono escolar temprano de la UE. Nada menos que un 19%, casi nueve puntos por encima de la media de los Veintiocho. Pero si se analizan las diferencias territoriales el panorama todavía es más oscuro. Frente a una tasa de abandono del 7,9% en el País Vasco, Baleares alcanza el 26,8% y la Región de Murcia el 26,4 %. Esta semana el INE nos ha enviado otra fea fotografía emparentada con la anterior: las diferencias salariales entre regiones siguen en ascenso. En el País Vasco los sueldos medios ya son un 40% superiores a los de Extremadura o la Región de Murcia. Esa brecha de desigualdad salarial se concreta en unos 4.200 euros menos al año en los bolsillos de los murcianos. La causa directa es el diferente modelo productivo. La Región está reduciendo su tasa de desempleo gracias a la hostelería y la agricultura, pero son precisamente las actividades con el salario medio más bajo de las analizadas por el INE. Si esas dos son nuestras únicas grandes bolsas de trabajo, difícil lo tendremos para evitar que los adolescentes murcianos renuncien a completar su formación. Por el contrario, los jóvenes vascos abandonan en menor medida los estudios porque necesitan mayor cualificación para entrar en un mercado laboral más tecnificado y mejor remunerado.

Invertir más en la educación pública es imprescindible, aunque no basta si no se prioriza bien el gasto, si el modelo educativo no se adapta al entorno económico y social que muta irrefrenablemente por la globalización y la digitalización, y si no se producen cambios en el modelo productivo que prioricen áreas de actividad tecnológicas e industriales. A la vista está que el Pacto de Estado por la Educación y la apuesta por la I+D+i es ya una cuestión de pura supervivencia en este conectado y tecnológico mundo.

El Gobierno autónomo se ha fijado como objetivo convertir a la Región en un espacio de libertad económica que genere riqueza y empleo. Hace bien si elimina todas las trabas administrativas que alejan las inversiones productivas hacia otros territorios, siempre que no dañen nuestro patrimonio natural e histórico. Pero se equivocará si se limita a dejar hacer y no diseña una política industrial y educativa fijándose objetivos y tomando decisiones para emplear con eficacia los recursos públicos. Hace falta una estrategia regional claramente definida que priorice, por ejemplo, las industrias asociadas a la agricultura, desde la agroalimentaria a las empresas innovadoras en riego, semillas… El carajal que se ha creado con el cambio de modelo de las ITV y las primeras turbulencias por la prometida reforma universitaria muestran un Gobierno con ganas, aunque dubitativo, a veces torpón y con un discurso argumental tan básico que en ocasiones sonroja.

Quizá no sea el mejor momento para plantear la reforma de la ley universitaria regional, con elecciones al rectorado de la UMU a la vuelta de la esquina, pero más nos valdría que los partidos políticos y las propias universidades murcianas asuman que nuestros parámetros de excelencia, empleabilidad e internacionalización son claramente mejorables. Asombra ver las posiciones que ocupamos en los ‘rankings’ y observar cómo desde la cúspide de los centros superiores de enseñanza se exhiben, como parámetros de excelencia, el haber superado las acreditaciones de la Aneca (que solo fijan los mínimos exigibles) o la gran demanda de plazas, lo que bien puede explicarse por los precios de las tasas y la apetecible vida universitaria en una ciudad como Murcia. Que se cuenten por decenas de miles los universitarios en la Región de Murcia es un criterio tan endeble que vale para andar por casa, pero no para esgrimirlo en foros con una mínima altura académica. Si piensa el Gobierno regional que la mejor política universitaria es la que no existe anda muy equivocado. Es verdad que los efectos dañinos no se aprecian a corto plazo, pero son acumulativos y terminan por emerger. ‘Otra educación es posible’ es el lema del congreso Proyecto Aula que celebra este fin de semana ‘La Verdad’ con expertos en innovación pedagógica de dentro y fuera de la Región. Ahí se constata que no todo es negativo en nuestro sistema educativo. Al contrario, tenemos docentes excelentes y muy implicados, junto a no pocos alumnos brillantes. Hagamos de la educación un asunto central, dediquemos los recursos suficientes y fijemos objetivos ambiciosos. Los resultados terminarán por llegar.

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La política suspende
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Alberto Aguirre de Cárcer | 29-10-2017 | 10:39| 0

A falta de año y medio para las elecciones autonómicas, el estudio de opinión pública que ‘La Verdad’ publica este domingo refleja un toque de atención de la sociedad murciana a sus políticos. Casi la mitad de los encuestados opina que la situación política es mala o muy mala (el 60% cree que es similar a la de los tiempos de Valcárcel) y está sumida en una enquistada inestabilidad. Aunque más del 50% piensa que es positiva la existencia de un gobierno sin mayoría absoluta, tres de cada cuatro personas manifiestan que los partidos regionales no están siendo capaces de colaborar entre ellos por el bien de la ciudadanía. Ninguno de los líderes regionales sobresale o alcanza el aprobado. Solo un 10% considera que los políticos actuales son mejores que los de anteriores legislaturas. De hecho, para el 62% son iguales a los de hace unos años. A unos les votarán más y a otros menos, pero en esta fotografía panorámica nadie sale favorablemente retratado. La aparición de dos nuevos partidos (Ciudadanos y Podemos) no ha supuesto a la postre una mejora en la percepción pública. El efecto de la ‘nueva política’ que abanderaban las formaciones emergentes se ha diluido con gran rapidez. Si existe realmente otra forma de hacer política, la gente no la percibe. Superado el ecuador de la legislatura, todavía marcada por la grave crisis a causa de la imputación y renuncia del expresidente popular Pedro Antonio Sánchez, este estudio deja un sabor amargo porque, en definitiva, ahí sigue la brecha de desafecto entre los ciudadanos y sus representantes electos, lo cual sigue siendo tremendamente negativo para el bien común e injusto para muchos políticos, de todos los partidos, que han asumido con honradez y voluntad de servicio una tarea que hoy no resulta gratificante (basta con asomarse a las redes sociales), salvo para aquellos que no tienen otra alternativa mejor en sus vidas.

Las razones son múltiples y complejas porque en muchos aspectos la calidad democrática ha experimentado en la Región de Murcia una clara mejoría en muy poco tiempo. Tenemos una Asamblea Regional claramente revitalizada y en el centro del debate público, la lucha contra con la corrupción ha salido reforzada, se han dado pasos (aún insuficientes) en transparencia y participación, y ha habido un innegable esfuerzo de los partidos por abrirse a la sociedad y mejorar sus mecanismos de participación interna (en algunos casos). Pero dicho todo eso, persisten los viejos vicios partidistas y la sensación de que, en términos generales, los mejores y mejor preparados no están presentes en la vida política murciana. Los partidos parecen haber olvidado que, estando en franco retroceso los vínculos de identificación ideológica o sentimental, lo que prima hoy en la ciudadanía es una relación instrumental con los políticos. La mayoría social desea simplemente que sus representantes resuelvan los problemas colectivos por la vía del acuerdo y el consenso. Que sean parte de la solución y no generadores de nuevos conflictos que sometan a la vida pública a una tensión adicional a la ya existente por una recuperación económica que dista de haber llegado a todos los murcianos. Resulta descorazonador para muchos observar que en algunos asuntos relevantes para la Región haya tanta incapacidad, y voluntad, para alcanzar posiciones comunes y superar desafíos que hasta ahora parecían consensuados. Dado que las elecciones autonómicas asoman ya en el horizonte, no conviene hacerse ilusiones. Al contrario, es muy posible que las posiciones y actitudes se fortifiquen. A estas alturas nadie le regalará nada al adversario. No hay nada peor que una sociedad sin pulso y nervio político que entre en un indeseable adormecimiento. Pero tanto tanto ruido y tan pocas nueces es igualmente frustrante.

Estos días asistimos, con aflicción, al lastimoso resultado de un proyecto de ingeniería social iniciado hace décadas por los nacionalistas catalanes para desgajar una parte del territorio español. Las aspiraciones de los separatistas, legítimas pero labradas a fuerza de adoctrinamiento, sectarismo y atajos en las leyes, desembocaron a la postre en un golpe ilegal y antidemocrático que ha causado a Cataluña una honda fractura social, ha dañado a su economía y ha terminado por limitar temporalmente su propio autogobierno. El Estado de derecho permitirá recuperar el orden constitucional, pero quién sabe si harán falta varias generaciones para restañar las heridas abiertas en el tejido social. La política es una arma poderosa para transformar la sociedad. Hagamos buen uso de ella. A veces produce desastres de incalculables consecuencias.

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Ventanas de oportunidad
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Alberto Aguirre de Cárcer | 22-10-2017 | 3:02| 0

Uno de los rasgos esenciales de la calidad de las democracias es la expectativa real de alternancia en el gobierno. Cuando los ciudadanos tienen ante sí proyectos políticos alternativos con fuerte respaldo electoral se refuerza el control al Ejecutivo, hay más posibilidades de trenzar consensos de amplia base social y siempre son menores las tentaciones acomodaticias o arbitrarias de quien detenta el poder. Por la voluntad expresada en las urnas, el PP lleva gobernando en la Región de Murcia con una amplia mayoría electoral desde hace veintidós años, sin que su principal oponente haya logrado constituirse en alternativa real durante dos décadas. Algún mérito habrán cosechado los populares para que haya ocurrido así. Pero visto que el PSOE queda reiteradamente a gran distancia en apoyo electoral cabe concluir que buena parte de la fortaleza del PP murciano se cimenta en la enquistada debilidad de los socialistas. Ni siquiera pudieron crecer a costa de la caída de los populares en las últimas elecciones porque los votos migraron hacia Ciudadanos y Podemos les arañó apoyos por su izquierda. Quien ha sido su líder en los últimos años, Rafael González Tovar, no consiguió mejorar las expectativas electorales de su partido y aunque soñó con alcanzar San Esteban al frente de un tripartito, en plena crisis por la imputación del expresidente Sánchez, nunca tuvo posibilidades reales de convertirse en presidente regional. Tovar deja a su partido en una posición fortalecida en el terreno municipal, con 26 alcaldes gracias a la política de pactos, con los deberes hechos en materia de democracia interna y con cierta cohesión interna en una formación donde las viejas familias han terminado por diluirse.

El 77% de los delegados del congreso regional aprobaron ayer su informe de gestión. Sin embargo, el PSRM es hoy un partido desmovilizado a fuerza de tanto traspiés en las urnas. Revertir esa situación de cara a las elecciones de 2019 será uno de los retos del alcalde alhameño Diego Conesa. No es tarea fácil. El PSOE es difícil de pastorear. Y más cuando los resultados no acompañan y no hay un liderazgo interno arrollador. El nuevo secretario general se impuso con una estrecha victoria en las primarias, lo que le obligará a romper con el pasado sin menospreciar el respaldo obtenido por su rival María González Veracruz, especialmente en Murcia, Cartagena y Lorca. Ese desafío ya lo ha sentido Conesa en sus carnes durante la confección de la nueva dirección, donde se ha rodeado de un núcleo duro compuesto por Joaquín López y dos jóvenes con muchas ganas, pero corta trayectoria, como son Francisco Lucas y Jordi Arce. No obstante, a Diego Conesa y Joaquín López se les abre una ventana de oportunidad de cara a las urnas. Sobre todo porque su principal adversario, Podemos, parece desinflarse a nivel nacional desde que firmó el ‘pacto de los botellines’ con IU y abandonó el discurso de la transversalidad. A los líderes regionales de Podemos, que fueron la sorpresa del nuevo panorama político, les va a costar superar los desatinos de la dirección de Pablo Iglesias en relación al órdago del independentismo catalán. En su búsqueda de una equidistancia imposible, cegados por su obsesión por desbancar a Rajoy, se han quedado en tierra de nadie, dando oxígeno a los nacionalistas con su inverosímil propuesta de diálogo para llevar a cabo un referéndum pactado y legal en Cataluña, lo que implica el reconocimiento de un derecho de autodeterminación que seguiría siendo inconstitucional con nuestro actual ordenamiento jurídico.

Toda su combativa lucha contra la corrupción ha quedado de alguna forma contaminada por su condescendencia con quienes, en este gravísimo desafío al Estado de Derecho, han cometido flagrantes ilegalidades que están en manos de jueces y fiscales. El sectarismo les ha hecho olvidar que no hay ilegalidad admisible aun cuando existan legítimas motivaciones ideológicas. Que duda cabe que el posicionamiento territorial de Podemos no empaña el trabajo individual de sus representantes murcianos, pero sea injusto o no es muy probable que todo esto les pase factura en una región con profundo sentimiento de españolidad.

Lo que hoy juega en contra de Podemos sopla a favor del PSOE, que ha actuado con responsabilidad ante la crisis política más grave vivida desde el 23F por este golpe antidemocrático del independentismo catalán. «Tenemos profundas diferencias con el PP, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna», dijo ayer, acertadamente, Pedro Sánchez en Cartagena. Los socialistas murcianos abren una nueva etapa donde gozan de otra oportunidad para definir su proyecto y volver a ser un partido de mayorías en la Región de Murcia, como lo fueron durante muchos años tras la Transición.

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Impolítica
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Alberto Aguirre de Cárcer | 08-10-2017 | 11:35| 0

Hace solo unos meses murió Kenneth Arrow, el economista más joven en recibir el premio Nobel y uno de los más influyentes del siglo XX. Estudioso de la teoría de la elección social, Arrow formuló en 1951 una paradoja que lleva su nombre. Conocida también como el ‘teorema de imposibilidad’, venía a demostrar la inexistencia de mecanismos democráticos de decisión colectiva que sean perfectos, de tal modo que nadie puede arrogarse el derecho a pensar que representa en solitario la voluntad popular o que es su fiel intérprete. Esa limitación está detrás de las tensiones en las sociedades democráticas entre dos cualidades superpuestas que conceden las urnas a los gobernantes electos: la legitimidad y la confianza. La primera es una cualidad jurídica, que obtiene de forma directa y absoluta quien logra más votos. Por el contrario, la confianza es más compleja, relativa y debe ganarse cada día. Es, según Arrow, una ‘institución invisible’ que permite ahorrarse mecanismos de verificación y prueba.

Especialmente desde la explosión de la crisis en 2007, la disociación entre la legitimidad y la confianza se ha convertido en un problema central en las sociedades occidentales. El caso de la Región de Murcia es paradigmático. El PP gana elecciones con mayoría absoluta, o rozándola, desde hace 22 años. Cada cuatro años ha obtenido la legitimidad de las urnas, incluso cuando reiteradamente los sondeos de opinión pública reflejaban una desconfianza creciente en su acción de gobierno. Una de sus principales vías de agua en materia de credibilidad procedía de los bandazos, anuncios incumplidos y frenazos en los proyectos estratégicos, como el AVE y el aeropuerto. Con Camarillas como símbolo de esa aguda crisis de confianza, no hay murciano que no recele en materia de infraestructuras ferroviarias. Incluso ahora que está adjudicado por Adif a una empresa el primer tramo para soterrar las vías en Murcia, y comprometidos en el seno de una sociedad estatal plazos y financiación para su conclusión hasta Barriomar, los vecinos de los barrios afectados no terminan de creérselo. La desconfianza en sí misma no es un problema. Al contrario, es una virtud cívica. Contribuye a que el poder político cumpla sus compromisos y persiga el bien común. El problema surge cuando se lleva a límites irracionales que bloquean la construcción de un proyecto colectivo y solo conducen a generar más frustración social.

La Plataforma Pro Soterramiento ha conseguido en estos últimos años importantes victorias para su causa, que debería ser la de todos. Por su presión e iniciativa se cambió el orden de las fases de soterramiento, se amplió una de ellas hasta El Carmen y finalmente se han reducido a dos. Si se lleva a término el proyecto como está previsto por Adif habrá sido fundamentalmente por la pacífica y persistente acción de esta plataforma de vecinos. Teóricamente les habría llegado el momento de administrar sus éxitos, pero llegados a este punto entran en colisión con su posición contraria a la entrada provisional en superficie del AVE que han mantenido de inicio. Primero lo intentaron por vía jurídica, denunciando la falta de una declaración de impacto ambiental. Y ahora, con mucho más éxito y apoyo, con la campaña de protestas del ‘muro’, que tiene una base totalmente real (los vecinos tendrán durante al menos dos años una pantalla cerca de las viviendas para protegerlos del ruido y la catenaria, pero sin poder atravesar las vías por Santiago el Mayor, salvo por una prometida pasarela) y una parte de épica y agitación política, alentada por quienes hacen su agosto con eficaces discursos emocionales de ricos y pobres, los de abajo y los de arriba… Para rizar el rizo, en la protesta se han infiltrado, ocasionalmente pero con efectos devastadores, centenares de radicales que aprovechan la coyuntura para practicar el vandalismo con los bienes públicos. Nunca ha estado más cerca la llegada del AVE y el inicio del soterramiento y, sin embargo, a causa de los sabotajes de los violentos, los dos proyectos pueden saltar por los aires si no se encauzan con racionalidad y voluntad de acuerdo por parte de todos. La posibilidad de que huya la empresa contratada para iniciar los trabajos es absolutamente real. Todo pende de un hilo. Ahora hay recursos públicos y un proyecto de ingeniería en curso, pero persiste un problema social que se minusvaloró y descuidó, una pugna política en busca de votos y un movimiento vecinal donde las posiciones más maximalistas han desbordado a las más pragmáticas.

Los dirigentes políticos locales no están precisamente ayudando a una solución colectiva. Algunos diputados del PP deberían ocupar su tiempo en cualquier cosa menos en inflamar los ánimos en las redes sociales. Y el alcalde, dedicar buena parte del suyo, por ejemplo, a visitar Santiago el Mayor, incluso ahora que sufre inaceptables escraches en su domicilio. La oposición tampoco debería olvidar que el AVE es un proyecto estratégico de Región, no del PP, como tampoco fue del PSOE, cuando gobernaba en Madrid. Y que el soterramiento es un proyecto de ciudad que parcialmente es financiado con los impuestos de los yeclanos, que tienen el AVE a tiro de piedra en Villena, o de los cartageneros, que tienen derecho a que se agilice la llegada de la alta velocidad a la principal ciudad turística de la Región. Dejar el AVE en Beniel hasta el final del soterramiento es una propuesta insólita a estas alturas si viene de los grupos municipales de Murcia. Tanto cortoplacismo entraña riesgos para quienes, en una defensa sin matices de las protestas, han llegado a respaldar los cortes de tráfico ferroviario y a cuestionar a las fuerzas de seguridad con una ligereza impropia de representantes institucionales. Hoy gobierna Rajoy, pero el año próximo quién sabe. La oposición tiene la obligación de hacer un estricto control al gobierno popular. No faltan motivos para la crítica. Pero contribuir a una estigmatización compulsiva y permanente de quien hoy gobierna, o gestiona empresas estatales como Adif, es caer en la impolítica, cuyos efectos son difíciles de revertir y recaerán en los futuros gobernantes electos, sean cuales sean. Tensionada y dividida, la Región de Murcia está evidenciando que tiene muchos y más profundos problemas que la carencia de infraestructuras ferroviarias. Estas semanas está demostrando que es incapaz de tomar, y mantener, una decisión colectiva sustentada en un amplio acuerdo político y social. Solo aquí la llegada del AVE podía derivar en un grave conflicto.

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