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Patrimonio en peligro

Pocas cosas pueden fortalecer más la identidad colectiva de los ciudadanos de la Región que su patrimonio histórico-cultural. Es cierto que el tamaño de su territorio y población es modesto en comparación con otras comunidades, pero si analizamos el variopinto legado que ha dejado su huella en múltiples manifestaciones artísticas y etnográficas constataremos que el peso histórico y cultural de la Región es mucho más trascendental del que habitualmente se reconoce, incluso por quienes tienen la fortuna de vivir aquí. Por ese motivo, cuando el deterioro del patrimonio sufre una nueva vuelta de tuerca, nos enfrentamos a un peligro mucho más profundo y grave. El daño es mayor porque con cada atentado al patrimonio se rasga ese fino hilo que trenza las singulares señas de identidad cultural de una población que carece de la argamasa lingüística que cohesiona a gallegos, vascos, catalanes y valencianos. De ahí nuestro estupor cuando conocimos esta semana que un caserón barroco de Alquerías fue demolido sin autorización del Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad, pese a tener un escudo, ahora en paradero desconocido, que estaba declarado Bien de Interés Cultural. Los edificios protegidos que han desaparecido en Murcia y su huerta en los últimos años se cuentan por decenas, sin hablar de los otros muchos que están sometidos a degradación y abandono pese a que no pocos son de propiedad municipal. Paralelamente, como denunció esta semana ‘La Verdad’, el centro de la ciudad se ha convertido en un museo de los horrores, infestado de pintadas vandálicas que nada tienen que ver con el arte urbano. De esa degradación ignominiosa no escapan ni siquiera las paredes de los soportales anexos a la Catedral, del antiguo seminario de San Fulgencio y del Palacio Episcopal. No es un hecho particular de la ciudad de Murcia. Ahí está también el vergonzante saqueo del monasterio de San Ginés de la Jara, el abandono de la Antigua Catedral de Cartagena y ese olvidado patrimonio de la sierra minera de La Unión, que sólo en los últimos años ha comenzado a recuperarse. Quienes viven en Lorca saben también que buena parte de su rico patrimonio no fue suficientemente cuidado desde muchos años antes de que se produjera el fatal terremoto que tiró abajo muchas de sus joyas arquitectónicas. No diré que ha habido desidia generalizada ni una falta total de sensibilidad en la clase política porque ciertamente se ha avanzado en la protección del patrimonio, bien es cierto que más en algunas ciudades que en otras. Ahí está la ejemplar actuación de Cartagena, que supo convertir su riqueza arqueológica y arquitectónica en un atractivo reclamo turístico. Pero parece evidente que el esfuerzo es insuficiente y que la magnitud del problema supera la capacidad de muchos dirigentes políticos. Es más, todavía los hay en muchas partes que ni siquiera se dan por aludidos y se ponen de perfil para no asumir la responsabilidad que tienen en sus manos. Además de incumplir con su obligación, desaprovechan el clamor de una opinión pública que pide castigos más duros para quienes dañen o destruyan el patrimonio de todos. Si al final sale barato o queda impune pintar o demoler las paredes de un edificio histórico es que algo marcha rematadamente mal.

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Las claves de la actualidad analizadas por el director editorial de La Verdad

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